La decisión del Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia de anular la imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas generó declaraciones de la actual administración de Medellín, que sostiene que el proceso continúa abierto.
La anulación de la imputación de cargos que la Fiscalía formuló contra el exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, por el caso Aguas Vivas, fue dispuesta por el Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia. La acusación por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción quedó sin efecto, y el ente acusador debe corregir fallas que, según la jueza, afectaron el derecho a la defensa y el debido proceso.
Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, declaró al diario El Colombiano que el caso sigue abierto y que la nulidad procesal parcial no equivale a una absolución ni al cierre del expediente. «Es imposible, como dicen ellos, que exista una sentencia absolutoria hoy, porque, en derecho, solo hay una sentencia cuando ya se practican pruebas. Y como no lo han permitido, no la hay», afirmó Gómez.
Gómez indicó que la apelación de la Alcaldía y la Fiscalía se resolverá el 6 de agosto en el Tribunal Superior de Medellín. «Estamos preparando toda una matriz para apelar y explicarles al Tribunal y a los tres magistrados que les corresponde este caso, por qué razón consideramos que la imputación fue completamente legal, clara y contundente», sostuvo.
El secretario general también se refirió a la fecha del 3 de agosto, cuando el Consejo Superior de la Judicatura fijó la imputación de cargos al hermano de Daniel Quintero, Miguel Quintero Calle, por la presunta adjudicación irregular de contratos entre la Alcaldía y Bomberos de Medellín. «Como víctima, y conociendo muchos otros casos en los que el exalcalde Quintero y otras personas de su administración están relacionadas –donde ya hay 55 imputados y hasta principios de oportunidad, porque ya confesaron todo sobre la estructura que se creó en Medellín– y lo que viene frente a su hermano (Miguel Quintero), su socio y otras dos personas; la lectura es que aquí se está creando una cortina de humo para distraer la atención de ese proceso del carrusel de contratos del Área Metropolitana durante la administración de él», señaló Gómez.
Gómez afirmó que, si el fallo confirma la necesidad de corregir detalles formales, la Fiscalía podrá subsanar esos aspectos y el caso continuará. «Que la Fiscalía subsane y seguimos el proceso. Eso por una razón: las pruebas siguen vigentes, las 4.000 pruebas documentales están ahí», indicó.
Ante las acusaciones de persecución política atribuidas por Quintero a la administración actual, Gómez señaló que el decreto con el que se modificó el uso de suelos del predio provino de la gestión de Quintero. «De ninguna manera. El decreto que Daniel Quintero firmó y con el que modificó el uso de suelos del Ecoparque de Las Palmas, existe. En qué administración del país, un alcalde llega e inmediatamente –de muchos lotes que ha recibido– este es el único por el que se le ocurrió pagar $43.000 millones. Y la justicia se lo frenó y luego lo devolvió», comentó.