El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró el 19 de julio que no se celebrarán más comicios en el país, según consignó The Economist.
El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó el 19 de julio que no se realizarán más elecciones en el país. La declaración fue realizada durante un acto público mientras la atención internacional se centraba en la final del Mundial de Fútbol. Ortega argumentó que los partidos de oposición buscaban utilizar las elecciones para tomar el poder.
Según Freedom House, Nicaragua es el segundo país que más ha retrocedido en materia democrática en los últimos 20 años, después de Malí. Ortega fue elegido democráticamente en 2006, pero desde entonces ha impulsado medidas que, según el informe, han debilitado instituciones como los medios de comunicación y el poder judicial, y ha encarcelado a rivales políticos. Aproximadamente una décima parte de la población nicaragüense ha emigrado.
Hasta el anuncio, Nicaragua mantenía un sistema de elecciones periódicas, aunque calificadas como fraudulentas por organismos internacionales. Con la cancelación formal de futuros comicios, el país se encamina a convertirse en un Estado de partido único, según analistas citados por The Economist.
Félix Maradiaga, excandidato presidencial al que se le retiró la ciudadanía y fue deportado, sostuvo que la decisión de Ortega revela que no se someterá a la voluntad popular. The Economist señala que el caso de Nicaragua podría sentar un precedente para otros líderes autoritarios que hasta ahora manipulaban elecciones sin cancelarlas.
Ortega, de 80 años, ha propuesto que su esposa Rosario Murillo sea su sucesora. La sucesión dinástica y la avanzada edad de Ortega son factores que, según el artículo, complican la transferencia pacífica del poder.
La diferencia entre manipular elecciones y abolirlas, concluye el texto, radica en que mientras existan comicios, los disidentes pueden exigir el cumplimiento de normas democráticas y existe la posibilidad de que el oficialismo pierda, como ocurrió en la elección de 1990 que puso fin al primer mandato de Ortega.