El Gobierno español informó que más del 70% de los casi 1,2 millones de inmigrantes que solicitaron la regularización extraordinaria ya cuentan con un permiso temporal para vivir y trabajar. La reunión prevista para evaluar el proceso no se celebró por falta de quórum.
Más del 70 % de los casi 1,2 millones de inmigrantes que solicitaron la regularización extraordinaria en España ya han recibido la admisión a trámite, lo que significa que cuentan con un primer permiso para vivir y trabajar en ese país de forma temporal hasta que obtengan la resolución.
Este dato fue ofrecido en declaraciones a los medios este jueves por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones española, Elma Saiz, quien iba a presidir una reunión que no se ha podido celebrar por falta de cuórum ante la decisión de la mayor parte de los gobiernos del Partido Popular (PP) de no participar tras leer una declaración conjunta, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.
La convocatoria del Gobierno español de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tenía como objetivo hacer balance del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, en el que se ha registrado un total de 1.174.968 solicitudes, según el diario El País.
La mayor parte de los gobiernos autonómicos del PP decidieron no participar en la Conferencia Sectorial de la Inmigración a la que los había convocado el Gobierno de Sánchez para abordar, entre otros asuntos, el balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, intervino en nombre de las comunidades gobernadas por el PP para justificar la ausencia. Acusó al Gobierno de actuar con «opacidad» y de «vaciar la Conferencia de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones», según la cita El País.
«Esto es lo que el Partido Popular tiene para España: la nada, la ausencia y la espantada. El PP ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema», señaló, por su parte, Elma Saiz, citada por ese medio.
A pesar de que la reunión no se ha celebrado, la ministra ha accedido a reunirse con los consejeros que han querido participar en la reunión -Navarra, el País Vasco, Cataluña, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha- para tratar, entre otros asuntos, el «impacto positivo» de esta medida extraordinaria.
Como ejemplo de esos efectos, ha mencionado que en la Comunidad de Madrid ya hay más de 50.000 personas que están cotizando como consecuencia de este proceso.
Justificación del PP
Según los consejeros del PP, el Gobierno ha ignorado todas las solicitudes de información de las autonomías y ni siquiera les ha entregado el acta y video de la comisión sectorial previa.
Los consejeros han asegurado que no se les ha dado ningún tipo de información sobre la implementación del Pacto Europeo de Inmigración en el país, ni tampoco ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia.
En su declaración, las regiones gobernadas por el PP afirman defender «una inmigración legal y vinculada a las necesidades del mercado laboral».
«Una política migratoria que atienda al principio de afinidad cultural, el refuerzo de las fronteras, la coordinación entre las administraciones y la aplicación inmediata de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo», añaden.