La ley 26.737, sancionada en 2011, restringe la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Un proyecto del oficialismo busca modificar esos límites, mientras el Senado postergó su tratamiento por cuarta vez.
La soberanía de un país no se ve comprometida por la nacionalidad del propietario de la tierra. En Argentina, como en muchos otros países, la normativa impone que todo bien registrable, como la tierra, debe cumplir con regulaciones catastrales, fiscales, de derecho civil y comercial, además de todas aquellas que pesan sobre todos los ciudadanos.
La ley 26.737 de tierras rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, establece disposiciones que la Constitución nacional, en sus artículos 16 y 20, consagra respecto de la igualdad de trato entre argentinos y extranjeros en materia de propiedad de la tierra.
Esa ley limita la compra por parte de extranjeros a no más del 15% de la titularidad de dominio o posesión de tierras del territorio nacional, de una provincia o de un municipio. Fija también que las tierras en manos de extranjeros de una misma nacionalidad no deben superar el 30%, impide la adquisición de áreas cercanas a cursos de agua “de envergadura” y establece un máximo de 1000 hectáreas dentro de la llamada “zona núcleo” (norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Córdoba).
Según cifras oficiales, en la actualidad un 6% de las tierras rurales argentinas pertenecen a extranjeros, por debajo del límite que la ley actual permite.
La llamada Ley de Bases para la Reconstitución de la Economía Argentina, propuesta por el presidente Javier Milei, pretendió en un primer momento derogar aquella ley, y luego intentó corregirla para que el Congreso desestime sus aspectos más controvertidos. El tratamiento del capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que ya cuenta con 13 versiones de texto, se frenó la semana pasada por cuarta vez por falta de apoyos en el Senado, y fue prorrogado para una posible sesión el 6 de agosto.
Desde el oficialismo se plantea que la ley de tierras ya se incumple y se propone institucionalizarla, estableciendo que cada provincia conserve plena jurisdicción sobre su territorio.
El debate parlamentario sobre este proyecto integra el conjunto de cambios necesarios para que el país acceda al grado de inversión fijado por las calificadoras internacionales, según fuentes oficiales.