El Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema levantar el bloqueo que pesa sobre disposiciones de una orden ejecutiva firmada en marzo, aplicable en 23 estados y Washington D.C. La medida establece listas de elegibilidad y condiciona el envío de boletas postales.
En la previa de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, la administración del presidente Donald Trump recurrió a la Corte Suprema para solicitar la aplicación parcial de una orden ejecutiva sobre el voto por correo mientras continúa el litigio judicial. El Departamento de Justicia (DOJ) pidió suspender la decisión que bloquea esas disposiciones en los 23 estados demandantes y Washington D.C.
Las elecciones del 3 de noviembre renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, además de distintos cargos estatales y locales. Según la agencia Associated Press, el pedido se produjo después de que un tribunal federal de apelaciones mantuviera el bloqueo sobre la disposición firmada por Trump en marzo.
Los magistrados consideraron que parte del contenido de la orden podría exceder las facultades del Poder Ejecutivo e invadir competencias que la Constitución reserva a los estados y al Congreso para organizar los procesos electorales.
Entre las disposiciones cuestionadas, la orden instruye al gobierno federal a elaborar para cada estado una lista de ciudadanos considerados elegibles para votar. También dispone que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) entregue boletas electorales únicamente a las personas incluidas en esa nómina e implemente mecanismos seguros para rastrear los sobres enviados y devueltos. La elaboración de las listas utilizaría información de distintas dependencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado.
De acuerdo con la presentación realizada por el Departamento de Justicia, el objetivo es reforzar la integridad del sistema electoral y reducir el riesgo de irregularidades durante la votación.
Los fiscales generales de 23 estados y Washington D.C. demandaron al gobierno para impugnar distintas disposiciones de la orden. Sostienen que el presidente excedió sus facultades porque la Constitución concede a los estados la administración inicial de las elecciones y permite al Congreso modificar esas reglas. La jueza federal Indira Talwani falló a favor de los estados y bloqueó la mayor parte de las medidas cuestionadas dentro de esas jurisdicciones. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la decisión por mayoría. El gobierno pidió ahora a la Corte Suprema que suspenda temporalmente el fallo, y las partes contrarias deberán responder a la solicitud antes del 3 de agosto.
Según AP, la presentación forma parte de la ofensiva que Trump mantiene desde hace años contra el voto por correo. El mandatario sostiene que esta modalidad facilita irregularidades, aunque autoridades electorales, tribunales y funcionarios de su propia administración no encontraron pruebas de fraude generalizado que hubiera alterado el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. En los últimos meses, la Casa Blanca impulsó otras iniciativas relacionadas con el sistema electoral, entre ellas propuestas para exigir documentación que acredite la ciudadanía durante el registro de votantes y acciones judiciales destinadas a obtener información sobre los padrones electorales de distintos estados.
La Corte Suprema deberá decidir si el gobierno puede comenzar a aplicar el decreto mientras el proceso judicial continúa en las instancias inferiores. La decisión definirá si las nuevas condiciones para el voto por correo entran en vigor antes de los comicios del 3 de noviembre, cuando Estados Unidos renovará parte del Congreso.