El Gobierno retiró del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa en el Senado. Operadores del mercado inmobiliario rural expresaron su descontento y sostienen que la ley vigente desalienta inversiones.
El Gobierno retiró del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras (Ley 26.737, sancionada en 2011) para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa en el Senado. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales y generó reacciones en el sector inmobiliario rural, que había seguido de cerca la posible flexibilización de la normativa.
El proyecto original, anunciado en mayo por el Gobierno de Javier Milei, proponía eliminar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Durante la negociación parlamentaria, el oficialismo moderó la propuesta y planteó elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos de capitales extranjeros. Sin embargo, al no reunir los apoyos necesarios, optó por retirar ese capítulo para evitar que comprometiera la aprobación del resto del proyecto.
Mariano Maurette, de la sección Campos de Álzaga Unzué y Cía., afirmó que el debate nunca logró centrarse en el contenido real de la ley. “Nace mal parido porque los títulos siempre son buenos: ‘no vendamos el país’. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero esta ley no significa regalar ni vender el país”, declaró. Agregó que “hace falta un análisis serio y responsable, sacando todas las ideologías, para tener conciencia de lo que estamos discutiendo”.
Maurette señaló que el mercado suele poner el foco en los campos agrícolas, cuando existen otras actividades donde la inversión extranjera podría resultar determinante. “Hay una cantidad de campos y producciones regionales que requieren inversiones que los argentinos no están dispuestos a hacer. Que venga alguien y las haga. Dejar vacante tanto potencial productivo es un crimen”, remarcó.
En tanto, Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliario, lamentó que la discusión haya quedado condicionada por cuestiones ideológicas. “Es un poco decepcionante ver que todavía domina la ideología, la desinformación o la falta de información seria para tratar este tema con serenidad, racionalidad y madurez”, señaló. Sostuvo que “el espíritu es buscar un consenso para tener un proyecto mejor que la ley vigente, que es excesivamente restrictiva”.
Emir Carrillo, titular de Emir Carrillo & Asociados, interpretó que la decisión respondió a la intención del oficialismo de evitar una derrota parlamentaria. “Se nota que el Poder Legislativo no ha querido correr ningún riesgo. Es una verdadera pena que hayan retirado el capítulo sobre la ley de extranjerización”, sostuvo. Consideró que “la falta de información de los legisladores y de la sociedad hizo que este tema se transformara en una cuestión política”.
El proyecto también encontró resistencia en parte del sector agropecuario. La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su “profunda preocupación” por las modificaciones impulsadas por el Gobierno y advirtió que eliminar o flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros podría afectar a los pequeños productores, las economías regionales y la soberanía sobre recursos naturales estratégicos. La entidad aclaró que no se opone a la llegada de inversiones, pero sostuvo que “una cosa es promover inversiones productivas y otra, muy distinta, es favorecer la extranjerización de recursos estratégicos sin límites ni mecanismos de control”.