El economista y senador nacional Agustín Monteverde afirmó que el aumento de la mora crediticia se debió, principalmente, a la ofensiva de la oposición en el Congreso, y propuso la suspensión de impuestos provinciales como solución.
Buenos Aires, 16 de agosto (NA) – Según datos oficiales, en los últimos seis meses el 61% de los argentinos tomó algún tipo de deuda, pero no creció la compra de bienes durables; los recursos obtenidos mediante crédito se utilizaron para alimentos, pago de servicios, alquileres o para pagar otras deudas.
Este fenómeno no es nuevo: ocurre al menos desde 2023, según lo advertía el entonces diputado Daniel Arroyo; el alza fue gradual aunque se aceleró en 2026. Lo novedoso del escenario actual es que los tomadores de deuda tienen dificultades para pagar esos compromisos, y la mora trepa al 17,5%, lo que pone en tensión al sistema financiero.
El economista y senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Monteverde, sostuvo en una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas que es necesario analizar el contexto crediticio del país.
“La historia del endeudamiento es en realidad la historia de algo positivo: la vuelta del acceso al crédito para las empresas y las familias. Recordemos que hasta diciembre de 2023 el crédito significaba una cuarta parte de lo que representa hoy en relación al PBI”, afirmó.
Monteverde explicó que “está mal llamado ‘endeudamiento’, porque en verdad se trata de ‘crédito’ al sector privado. Su nivel es mucho más bajo que el de países desarrollados y también respecto a países de la región”.
Según el senador, “el problema central es que exista mora en el servicio de esos créditos; y esa mora obedece a distintos factores”. Entre ellos, mencionó que “en Argentina todos los agentes económicos han estado acostumbrados a que la inflación licuara buena parte de los pagos futuros”. Esta vez la inflación cayó, por lo que no se cumplieron esas expectativas.
Además, señaló que “tanto los particulares como las empresas y, particularmente, las familias recurrieron a distintas formas de fondeo, distintos canales de crédito. Con lo cual hubo una superposición de endeudamientos que los ponía en una situación bastante más comprometida”.
Monteverde indicó que existe un factor político que fue determinante para el crecimiento de la mora: “A partir de marzo de 2025 hubo un ataque contra el Gobierno sostenido en los medios y en los foros políticos. Ese ataque se volvió feroz especialmente en el segundo semestre, cuando se inició un verdadero azote con proyectos de ley disparatados, dirigidos a quebrar la política central del Gobierno, que es la solvencia fiscal”.
“Esos proyectos disparatados se convirtieron en ley, e incluso llegaron a voltear un veto presidencial, algo sin precedentes. A eso se sumaron seis o siete pedidos de juicio político contra el presidente. En ese clima desestabilizante, la demanda de dinero comenzó a ceder, lo cual significa que se volcó a un proceso de dolarización de carteras por un volumen sin precedentes. El Gobierno, para asegurar la estabilidad de la economía, tuvo que mantener una estricta disciplina fiscal y monetaria: y la tasa de interés se disparó”.
“El incremento de la mora fue, principalmente, un subproducto de la gigantesca ofensiva desestabilizadora de la oposición previa a las elecciones de medio término. A ello se añadieron el sobreendeudamiento a través de diferentes canales de crédito, la pérdida de expertise de los bancos en análisis crediticio y la errada presuposición de muchos tomadores de crédito, que creyeron que la inflación licuaría el peso de sus compromisos”, argumentó.
Para Monteverde, “hoy la respuesta no puede ser ningún ‘Plan Platita’, porque eso sería robarles a quienes no tienen responsabilidad alguna en lo que está ocurriendo para dárselo a otros que, en todo caso, son los que libremente decidieron tomar esas obligaciones”.
“Además, toda iniciativa de este tipo es auxiliar a los bancos, que son entidades profesionales que deberían saber a quién prestar, cómo hacerlo y qué costo se le puede cargar a sus clientes”, enfatizó.
En este contexto, el senador propuso una solución: “Una solución plausible -y que creo debería adoptarse- es atacar algunos de los factores por los cuales las tasas son tan elevadas. El principal componente es el Impuesto a los Ingresos Brutos. Está en manos de los gobernadores eliminarlo o —como mínimo—suspenderlo transitoriamente”.
“Es un impuesto realmente descabellado desde todo punto de vista, sumamente distorsivo y también abusivo desde el punto de vista del costo que representa. Aliviaría mucho el impacto si lo suspendieran aunque sea temporalmente. Otro componente es el Impuesto a los Sellos, que también está en manos de las provincias. Los impuestos nacionales, en cambio, tienen un impacto secundario. Lo más gravoso, por lejos, es el impuesto a los Ingresos Brutos”, concluyó.