La disputa por las Islas Malvinas se extiende más allá del ámbito diplomático. Un entramado económico integrado por petróleo, pesca, energía, infraestructura y nuevas rutas comerciales opera alrededor del archipiélago, con proyectos en marcha y otros en desarrollo.
La nueva centralidad que Javier Milei volvió a darle a la cuestión Malvinas no se limita a la disputa diplomática. Alrededor del archipiélago se mueve, al mismo tiempo, un entramado económico que incluye petróleo, pesca, energía, infraestructura y nuevas rutas comerciales. Algunos de esos proyectos llevan años en marcha; otros buscan adaptarse a un escenario de mayor actividad y todos quedan atravesados por la disputa de soberanía.
La expectativa está puesta ahora en cuánto de ese escenario aparecerá en los anuncios presidenciales y cuánto continuará desarrollándose por fuera del discurso político. En las islas, mientras tanto, avanzan proyectos que pueden modificar su estructura económica y que también tienen impacto sobre la logística y el aprovechamiento de los recursos del Atlántico Sur.
Nueva conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino
Una nueva conexión marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas suma una dimensión comercial al escenario que rodea al archipiélago. La Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas cerró un contrato con la naviera chilena Eastern Island para operar, a partir de noviembre, una conexión directa entre Punta Arenas y Puerto Argentino.
El proyecto, impulsado políticamente por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, busca reactivar un flujo comercial condicionado desde la decisión del Mercosur de 2011, que impide el ingreso a puertos del bloque de barcos con bandera británica de las islas. La nueva ruta permitiría reducir a la mitad la navegación de casi 2.000 kilómetros que actualmente vincula al archipiélago con Montevideo.
El plan contempla transportar gas licuado, alimentos, repuestos y materiales de construcción mediante barcos de origen no británico. La conexión adquiere además una importancia estratégica frente a las necesidades logísticas que podría generar una expansión de la actividad energética en las islas, especialmente si el proyecto petrolero Sea Lion comienza a producir en 2028.
La ruta se suma a un escenario de creciente tensión en el extremo sur. Argentina y Chile mantienen diferencias sobre la interpretación de sus respectivos espacios marítimos y estratégicos, mientras el gobierno chileno de José Antonio Kast reafirmó la posición chilena sobre el Estrecho de Magallanes. En ese contexto, las rutas comerciales y la infraestructura portuaria adquieren un peso que excede el transporte de mercaderías y se vincula con el control y aprovechamiento de los recursos naturales.
Petróleo, energía y pesca: los otros frentes económicos de Malvinas
El principal proyecto capaz de modificar la estructura económica de las islas es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Ambas compañías tomaron, en 2025, la decisión final de inversión para una primera etapa de unos US$1.800 millones, con el objetivo de comenzar a producir durante 2028.
La primera fase contempla una producción inicial de alrededor de 55.000 barriles diarios, mediante pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%. La empresa israelí declaró además reservas de 216 millones de barriles y recursos por 603 millones.
Para acompañar ese desarrollo, las autoridades de las islas avanzaron con la construcción de un nuevo puerto multimodal en la bahía de Puerto Argentino. La obra está vinculada con la firma neerlandesa Damen Shipyards Group, que construye los pontones en China y prevé su llegada al archipiélago durante 2027. La infraestructura permitiría ampliar la capacidad logística en un escenario de mayor actividad industrial y energética.
El proyecto petrolero enfrenta, sin embargo, un fuerte riesgo político y regulatorio. Las grandes petroleras internacionales mantienen distancia de Sea Lion, entre otros motivos porque tienen importantes operaciones en Argentina y podrían quedar alcanzadas por las restricciones previstas en la Ley 26.659 para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
El contraste está en el crecimiento del offshore argentino. Frente a Tierra del Fuego y Santa Cruz operan TotalEnergies, Harbour Energy y Pan American Energy, mientras que la producción de gas de la Cuenca Austral ronda los 27 millones de metros cúbicos diarios, cerca del 20% del gas natural argentino. Al mismo tiempo, YPF y Equinor mantienen proyectos de exploración en la Cuenca Argentina Norte.
La importancia de la logística energética también quedó expuesta en agosto, cuando el petrolero británico VS Promise dejó Ushuaia con unas 22.464 toneladas de crudo, equivalentes a aproximadamente 165.000 barriles, con destino declarado a Texas. El movimiento generó una investigación administrativa en Tierra del Fuego y volvió a poner bajo la lupa los circuitos de exportación de hidrocarburos en el extremo sur.
Demanda judicial contra el proyecto Sea Lion
En paralelo, Sea Lion enfrenta un nuevo frente judicial. El CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron una acción contra Rockhopper y Navitas por presunto daño ambiental y soberano. Según la demanda, buscan frenar las obras vinculadas con el proyecto y cuestionan la ausencia de autorizaciones ambientales argentinas.
La pesca: principal actividad económica y crisis del calamar Loligo
La pesca constituye, mientras tanto, la principal actividad económica de las islas. Las autoridades locales otorgan licencias a flotas extranjeras y el sector representa una parte central de sus ingresos y exportaciones. Entre los principales actores aparecen empresas y buques de España, China, Corea del Sur y Taiwán, con distintas modalidades de operación en el Atlántico Sur.
El sector atraviesa actualmente una crisis por la caída del calamar Loligo. La segunda temporada de pesca fue cerrada luego de que los estudios detectaran niveles críticos de biomasa, una medida que afectó a 16 grandes buques congeladores vinculados con empresas españolas y profundizó una tendencia negativa que lleva varios años. Las pérdidas estimadas rondan los US$350 millones.
La situación obligó además a revisar las licencias pesqueras para 2027. Después de tres años con las asignaciones congeladas, las autoridades prevén volver a ajustarlas anualmente en función de las capturas totales permitidas. Algunas categorías tendrán reducciones, mientras que las vinculadas con el calamar Illex tendrán un incremento por el aumento del volumen autorizado.
El escenario se completa con la presión sobre los recursos de la llamada milla 201, donde operan flotas extranjeras fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina. La presencia de buques chinos dedicados al calamar Illex y las denuncias sobre embarcaciones que apagan o manipulan sus sistemas de identificación son parte del problema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que enfrenta la Argentina en el Atlántico Sur.
Disputa de soberanía y expectativas
Así, el escenario económico de las Malvinas queda atravesado por cuatro variables que avanzan al mismo tiempo. Una nueva ruta comercial busca mejorar el abastecimiento, la infraestructura portuaria se prepara para una mayor actividad, Sea Lion proyecta convertir al archipiélago en productor petrolero y la pesca enfrenta una crisis que obliga a revisar sus niveles de explotación.
Todo ocurre mientras la disputa de soberanía continúa abierta. La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, reafirmó esta semana ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido mantiene su posición sobre las islas y que seguirán siendo un territorio británico de ultramar. La declaración se produjo en medio de la expectativa generada por las señales de Donald Trump sobre una eventual revisión de la tradicional posición estadounidense frente al conflicto.
Por eso, detrás de la cadena nacional de Javier Milei no aparece solamente una disputa diplomática. También hay un mapa económico en transformación, donde rutas comerciales, petróleo, energía, infraestructura y pesca se superponen con la cuestión de la soberanía. La incógnita es cuánto de este escenario formará parte de los anuncios presidenciales y cuánto continuará avanzando por fuera del discurso político.