La obra social de los jubilados enfrenta un déficit estructural que se profundizó en los últimos meses, generando tensiones con prestadores y agencias del interior.
La obra social de los jubilados, PAMI, que cuenta con 5,4 millones de afiliados, enfrenta una situación financiera crítica. Según funcionarios del Gobierno, el instituto es “deficitario por definición” y siempre requirió asistencia del Tesoro. Durante la administración de Javier Milei, se le destinaron aproximadamente 800.000 millones de pesos en letras y aportes convencionales.
La eliminación del impuesto PAIS, que destinaba el 70% de su recaudación al PAMI y a la ANSeS, redujo los ingresos previstos para 2026. Si el impuesto hubiera seguido vigente, habría aportado 2,8 billones de pesos al PAMI, en contraste con los 1,6 billones que sumarán los aportes del Tesoro en ese año.
En una reunión entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se planteó la necesidad de incrementar el presupuesto del PAMI en un 40% para su funcionamiento. La respuesta de Caputo fue negativa, dado que ese aumento equivaldría al 0,44% del PBI, superando el superávit financiero actual del 0,3%.
El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, y el subdirector, Carlos Zamparolo, estuvieron cerca de renunciar en el último mes por desacuerdos internos, pero fueron contenidos por el ministro de Salud. Además, se registraron dos renuncias: la síndico general, María Florencia Zicavo, y el coordinador ejecutivo, Juan Cruz Montero, quienes fueron reemplazados parcialmente por Verónica Pérez, designada para ocupar el cargo de Montero.
El presupuesto del PAMI aumentó un 37,5% desde el inicio de la gestión de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 329%. Los nomencladores, que fijan las tarifas que la obra social reconoce a prestadores, aumentaron solo un 8% en el año, frente a un IPC del 19%.
Esta situación generó conflictos con prestadores. Por ejemplo, el Sanatorio de Concordia, que atiende a 15.000 afiliados al PAMI, envió una carta documento anunciando el fin de la atención. Además, varias clínicas y sanatorios realizaron paros en distintas provincias, como Río Negro, Chubut, Neuquén y La Pampa.
El PAMI tiene una cobertura más amplia que otras obras sociales, asumiendo el 100% de los costos en intervenciones como prótesis de rodilla, incluyendo honorarios médicos y varias opciones de prótesis.
Las 38 unidades de gestión local y más de 600 agencias del PAMI en todo el país están conducidas en muchos casos por autoridades vinculadas a acuerdos territoriales del espacio libertario, lo que genera tensiones entre distintos sectores del Gobierno.