Tres días después del discurso presidencial por cadena nacional, el Gobierno confirmó que enviará esta semana al Congreso un proyecto de ley que modifica la ley 26.659 y crea el Consejo de Seguridad Nacional. Además, se difundieron datos de repercusión en redes sociales.
Tres días después del discurso presidencial por cadena nacional, en el que se refirió a la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno de Javier Milei avanza con el proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional. Según fuentes oficiales, la iniciativa se presentará esta semana en el Congreso.
El proyecto modifica la ley 26.659 y establece sanciones y penas más severas contra empresas que realicen operaciones no autorizadas en la plataforma continental argentina. También crea el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, con un marco para la protección de la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima.
El viernes pasado, el Gobierno publicó tres decretos firmados por el presidente y su gabinete que amplían el presupuesto de la Cancillería, la SIDE y el Ministerio de Defensa. Este último incremento se destinará a la construcción de una base naval en Ushuaia, Tierra del Fuego.
Fuentes del Gobierno señalaron que el discurso presidencial, emitido el domingo, obtuvo cerca de 30 puntos de rating, según mediciones preliminares. La Oficina de Respuesta Presidencial difundió un dato de una encuesta de Clarín basada en opiniones en redes sociales que indica un 81,3% de apoyo a las medidas anunciadas.
Un informe de la consultora QSocial Big Data contabilizó 2.775 publicaciones, 1,4 millones de acciones y 17,4 millones de visualizaciones en las 14 horas posteriores al anuncio. El informe señala que el 57% de las interacciones ocurrió en las tres horas siguientes al discurso y el 42% en la hora de emisión. La cuenta “El Peluca Milei”, vinculada a Las Fuerzas del Cielo, quintuplicó el rendimiento de las cuentas oficiales, según el mismo informe.
El asesor presidencial Santiago Caputo habló de un “enorme apoyo popular a las medidas anunciadas por el Presidente en la cuestión Malvinas y la defensa de la seguridad nacional”. También expresó su expectativa de que “el sistema comprenda la importancia de acompañar sin titubeos al Presidente”.
El Gobierno continuará con gestiones para que las empresas petroleras Navitas y Rockhopper, que operan en la zona de las islas con el proyecto Sea Lion, detengan sus actividades previas. Fuentes oficiales indicaron que se buscará presionar al lobby petrolero para que negocien. En ese marco, las empresas SLB, Baker Hughes y Halliburton comunicaron que no participarán en proyectos de exploración en las islas.
El gobierno británico y la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas rechazaron los anuncios. La asamblea sostuvo que las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y que su futuro debe ser decidido por sus habitantes.
Desde la oposición, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) señaló que la empresa Southern Energy, sancionada por violar la ley vigente, fue beneficiada por el Gobierno con la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).