La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y dio a conocer los argumentos de su fallo, en el que aseguró que no existen condiciones en los centros de detención para alojar a los menores.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada a partir de un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y por otro presentado por la propia jueza debido a las condiciones de alojamiento en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora.
En declaraciones a la señal A24, Pascual afirmó: “Nunca fui, ni seré Kuka. Soy garantista de la Constitución, que dice que la privación de la libertad tiene que ser la última condición”. También señaló que no conoce al sacerdote José María Di Paola, conocido como padre Pepe, quien presentó uno de los habeas corpus para frenar la ley, y aseguró: “Nunca hablé con él”.
El tribunal tomó como referencia las inspecciones realizadas en el centro de Lomas de Zamora, donde se estableció un límite máximo de 60 adolescentes alojados por “no cumplirse los estándares mínimos”. Según la jueza, se reconocen avances en materia edilicia, de agua potable y alimentación, pero se constataron faltas persistentes en el acceso efectivo a la educación, la formación profesional, el ámbito laboral y la limitación de los tiempos de aislamiento. Esta situación fue calificada como recurrente en diversos dispositivos de la provincia, según información aportada por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
Pascual explicó que su decisión se tomó cuando la ley tenía 48 horas de vigencia efectiva tras su aprobación en el Congreso. Sostuvo: “No estoy arrepentida para nada, salí con esta resolución después de un habeas corpus que presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y como yo tenía abierto otro por las condiciones indignas de alojamiento de jóvenes en Lomas de Zamora, me lo tiraron a mí”. Agregó: “Esta es una medida cautelar que suspendo por dos meses mientras vemos las alternativas. Yo no estoy en contra de la ley”.
La magistrada subrayó que con la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil “no se terminará la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires” y que suspendió la ley porque “no están dados los mecanismos para atender a los jóvenes”. Al ser consultada sobre por qué la Provincia no realizó las obras edilicias necesarias desde marzo, cuando la ley fue registrada, Pascual respondió: “Yo no soy quien tiene que trabajar con las instituciones para ponerlas en condiciones. Los recursos no están y en la Provincia me dicen que no le mandaron los recursos para implementarlos”.
La decisión de la jueza fue cuestionada por el partido La Libertad Avanza (LLA), que anunció que pedirá un juicio político para destituirla. En un comunicado, los libertarios consideraron que la medida “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”. Además, anunciaron que analizan los “mecanismos” para apartar a la magistrada de su cargo.
En respuesta, Pascual sostuvo: “El diputado Pareja me inició un juicio político, pero yo lo hice desde mis convicciones para lograr mejores resultados”. Por su parte, el diputado Pareja declaró: “Estamos enojados porque la política le tiene que dar respuestas a la gente, el Congreso trabajó responsablemente y cuando sale la ley, algo pasa que lo impide. Entendemos que hay prevaricato, un exceso en su administración. Está haciendo futurología. Tampoco se tomó el tiempo para ver si nos faltaba lugar para albergar a los jóvenes, porque el penal 56 de La Matanza tiene 200 posiciones libres”.