Francesca Albanese, Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, declaró en Ginebra que la remoción de escombros en Gaza podría destruir pruebas de crímenes internacionales y que los restos de más de 10.000 personas estarían sepultados bajo tierra en zonas bajo control militar israelí.
La Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, declaró en Ginebra que la remoción a gran escala de escombros en Gaza con restos humanos constituye pruebas físicas que permiten investigar presuntos crímenes internacionales, incluyendo el genocidio. Según autoridades palestinas, 10.000 cadáveres estarían enterrados en zonas bajo control militar israelí.
Albanese indicó que, pese a la entrada en vigor del cese el fuego de octubre de 2025, cerca del 70% de Gaza se encuentra sometida a restricciones bajo control militar israelí. Solicitó el despliegue de una cadena de vigilancia independiente para que investigadores internacionales accedan a la zona y recolecten pruebas, e impidan que se borren huellas de crímenes atroces.
La relatora detalló que, mediante maquinarias pesadas de empresas como Caterpillar, HD Hyundai, Doosan y Volvo, la demolición y nivelación prosigue en las zonas bajo control israelí. Señaló que los escombros contienen restos humanos y pruebas físicas pertinentes para investigar, y que requieren una cadena ininterrumpida de vigilancia independiente.
Advirtió que agentes israelíes y las empresas implicadas deberían tomar nota de que la destrucción de pruebas de crímenes internacionales podría acarrear responsabilidad penal. Calificó la preocupación como particularmente grave debido a la amplitud y naturaleza de la destrucción en Gaza. Entre 2023 y 2025, el 92% de las viviendas, incluyendo infraestructuras civiles, han sido destruidas, un fenómeno sin precedentes en la guerra moderna.
Insistió en que la sustracción, destrucción y re-localización en curso de escombros no deben destruir las pruebas de crímenes internacionales ni impedir la recuperación e identificación de restos humanos. Mencionó que los restos de más de 10.000 personas han quedado sepultadas bajo tierra.
Albanese recordó las inculpaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, a las que se suman los entierros ilegales de población civil.
Asimismo, recordó la ilegalidad de la presencia continua de Israel en el territorio palestino ocupado, según determinó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024. En enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel tomar medidas eficaces para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de pruebas relativas a las alegaciones de violaciones de la Convención contra el Genocidio.
En una Gaza devastada, los escombros no son solamente desechos de construcción, forman parte de una escena de crimen, de un cementerio y de registros materiales de lo ocurrido bajo los bombardeos que duraron dos años, afirmó. La posibilidad de recuperar restos humanos de los escombros de Gaza está lejos de ser teórica. El 4 de agosto de 2026, los palestinos enterraron 112 miembros de una familia numerosa, recuperados de una operación de 17 días bajo edificios de la ciudad de Gaza, destruidos en 2023. Los restos de otras 41 personas asesinadas nunca fueron encontrados.
Es vital que antes de que se tomen decisiones sobre el desplazamiento o el aniquilamiento por el ejército ocupante o sus aliados, la recuperación e identificación digna de restos humanos, la documentación sistemática de los sitios y materiales, la preservación de las pruebas potencialmente pertinentes y una cadena de resguardo ininterrumpida bajo vigilancia independiente deben tener lugar, enumeró Albanese, haciendo un llamado a los investigadores internacionales para supervisar esa colecta de pruebas vitales.
Los actores del Estado y las empresas implicadas en su retirada deberían tomar nota de que destruyendo pruebas de crímenes internacionales, ellos podrían incurrir en una responsabilidad penal internacional concerniente a esos crímenes, advirtió. La preocupación era particularmente grave, teniendo en cuenta la amplitud y la naturaleza de la destrucción de Gaza desde octubre de 2023.
Puso en conocimiento que recibió informaciones creíbles de varias fuentes en agosto de 2026, exponiendo que la operación implicaba el secuestro deliberado y generalizado, y la destrucción y el transporte de escombros. Fuentes israelíes confirmaron discusiones con empresas israelíes sobre la demolición a gran escala, la recogida y el reciclaje de escombros.
Albanese concluyó que toda evacuación debe hacerse en el contexto de un plan concebido por los palestinos y sostenido por actores que tengan la confianza de los palestinos. Destruir pruebas de crímenes y atrocidades es ilegal. Es inaceptable que la reconstrucción de Gaza sea condicionada a borrar el pasado y sin las pruebas necesarias para obtener justicia para las víctimas.