La expresidenta presentó un escrito ante la Justicia para que la ANSES liquide nuevamente el beneficio, abone los montos retroactivos desde abril de 2026 y declare nula la resolución que aplicó una quita del 20%. El apoderado legal cuestionó la falta de notificación y calificó el porcentaje como confiscatorio.
La expresidenta Cristina Kirchner solicitó a la Justicia que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquide nuevamente su pensión de privilegio, abone los montos retroactivos por Zona Austral y declare nula la resolución mediante la cual se le descontó el 20% de la prestación.
Según informó el diario La Nación, el 22 de agosto la ANSES pagó la pensión a Kirchner en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Esa cautelar restituyó de forma provisoria una de las dos asignaciones que la expresidenta percibía hasta noviembre de 2024, cuando fueron dadas de baja tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.
El doctor Facundo Fernández Pastor, apoderado de Kirchner, presentó un escrito ante la Justicia en el que sostuvo que, al restituirse el beneficio, se debió haber abonado junto con la pensión de agosto los meses previos, desde el 24 de abril de 2026. Ese día, según el escrito, quedó firme la cautelar de los jueces Russo y Fantini.
La presentación también solicita que la liquidación del ingreso se realice conforme lo dispuesto por la Acordada N° 20 de la Corte Suprema de Justicia, es decir, sin los descuentos correspondientes a Ganancias y obra social.
De acuerdo con La Nación, el monto aproximado descontado de la pensión de agosto habría sido de 950.000 pesos por obra social y de 3 millones de pesos en concepto de restitución por sumas indebidamente percibidas. Por ese motivo, Kirchner habría cobrado alrededor de 12 millones de pesos.
El apoderado de la expresidenta planteó dos argumentos contra el descuento del 20%: que la resolución que ordena esa quita no fue notificada formalmente ni a él ni a su representada, y que el porcentaje aplicado es confiscatorio.
El reclamo también hace referencia a los adicionales que Kirchner percibió durante años por Zona Austral, incluso cuando ya se había instalado con su familia en Buenos Aires. Fernández Pastor defendió el cobro de ese plus al afirmar que su representada tuvo su domicilio real en Río Gallegos hasta que el Tribunal Oral Federal la confinó a vivir en el departamento de San José, donde actualmente cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
El abogado sostuvo que, a pesar de haber ocupado diferentes cargos (diputada nacional, presidenta de la Nación, senadora y vicepresidenta) en la Capital Federal, Kirchner nunca dejó de viajar a su casa en Río Gallegos, ni de tener en esa residencia su domicilio fiscal, ni de abonar los servicios.