La administración británica de las Islas Malvinas extendió por cinco años todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, con respaldo del Reino Unido. El Gobierno argentino envió al Congreso un proyecto para sancionar a las empresas que operen en el archipiélago y una jueza federal dictó una medida cautelar contra el proyecto Sea Lion.
La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, con respaldo del Reino Unido. La decisión también contempla una posible extensión adicional de dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo previstos.
El anuncio se produce en la previa del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se espera una reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas. El Gobierno argentino ya envió al Congreso un proyecto para sancionar a las empresas que operen en el archipiélago y en las últimas semanas intensificó denuncias penales, medidas administrativas y sanciones contra empresas y accionistas vinculados a esas operaciones.
«Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas», afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales. La funcionaria sostuvo que se trata de recursos que la administración local busca desarrollar bajo estándares ambientales y de seguridad.
Sea Lion, el proyecto en el centro de la disputa
El foco principal está puesto en Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. La iniciativa es liderada por la israelí Navitas Petroleum, con 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
Las compañías proyectan iniciar la producción en 2028. Reuters informó que el proyecto apunta a una producción de 50.000 barriles diarios y que las empresas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por la administración de las islas.
La semana pasada, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar para ordenar a Rockhopper y Navitas que se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion. La resolución surgió de una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.
La aplicación práctica de esa medida enfrenta límites fuera de la jurisdicción argentina. AP señaló que la propia resolución reconoce que su cumplimiento depende de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas involucradas.
Nuevos movimientos de Navitas
Además de prorrogar las licencias, la administración isleña aprobó que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera una participación de 65% en el área PL001, un bloque vecino a Sea Lion. Según el comunicado oficial, la decisión busca acelerar la evaluación y el desarrollo de ese bloque.
La operación surge de un acuerdo firmado en febrero entre Navitas y JHI Associates. Además de Navitas y Rockhopper, también poseen licencias exploratorias en la zona las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, y la canadiense JHI. Se estiman ingresos potenciales por u$s2.000 millones en regalías vinculadas al proyecto Sea Lion.
El Departamento de Recursos Minerales de las islas trabaja ahora con los titulares de las licencias para definir programas de trabajo ampliados durante el nuevo período, que podrían incluir compromisos de perforación de pozos adicionales de evaluación.