Alejandro Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), presentó informes ante la Justicia federal en los que detalló presuntas irregularidades en contrataciones de insumos médicos y ortopédicos, con sobreprecios de hasta 4.239% respecto de valores de mercado. Los reportes, fechados en octubre y diciembre de 2025 y abril de 2026, mencionan a nueve proveedores que facturaron más de $25.000 millones.
Alejandro Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), presentó ante la Justicia federal una serie de informes en los que reportó presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos y ortopédicos durante la gestión de su antecesor, Diego Spagnuolo. Los documentos, fechados en octubre y diciembre de 2025 y abril de 2026, fueron remitidos al Juzgado Federal que investiga el presunto cobro de sobornos en el organismo.
Según los reportes, a los que accedió LA NACION, se detectaron «sobreprecios sistemáticos» en facturas presentadas sin licitación ni compulsa previa. La auditoría interna calificó los hechos como «irregularidades de gravedad» y mencionó «ausencia de procedimientos administrativos adecuados», «debilidades estructurales», «falencias», «demoras» y «problemas» en distintos circuitos de la agencia.
Los informes identificaron a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos que facturaron al Estado más de $25.661 millones: Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA. La cifra surge de dos relevamientos sobre más de 500 expedientes administrativos.
Entre los casos citados, los técnicos de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud compararon facturas con precios de referencia del PAMI y del mercado. Por ejemplo, Farma Salud facturó a la Andis $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado a otra firma por $124,2 millones en marzo de ese año. Una endoprótesis aortobilíaca con endoprótesis ilíaca bifurcada se facturó a la Andis por $369,8 millones, contra $17,85 millones pagados por el PAMI por una endoprótesis aórtica torácica autoexpandible. Una válvula pulmonar autoexpandible costó $295,1 millones al área de Discapacidad, frente a $36,4 millones en el PAMI.
En el rubro ortopédico, se detectó que una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones tenía un valor de mercado de $945.000, según la referencia utilizada. En una muestra de ocho sillas de Expo Trauma, el Estado recibió facturas por $134 millones contra una referencia de $11,27 millones. A Bymax se le atribuyó un sobreprecio consolidado de $84,1 millones, incluida una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones que, según el informe, no supera los $500.000 en el mercado local.
El informe también señaló que Indecomm emitió seis facturas a la exAndis en noviembre pasado, una de las cuales fue pagada dos veces, ambas por $28.700.000. Para la intervención, «este conjunto de pagos en un mismo expediente muestra la reiteración de adquisiciones a valores elevados y en plazos muy acotados».
La auditoría interna fue dispuesta por Vilches al asumir el control del área en agosto de 2025, tras la salida de Spagnuolo, quien fue desplazado en medio de un escándalo por la difusión de audios atribuidos a él en los que se alude a supuestos retornos de entre el 5% y 8%, con mención a Karina Milei y un porcentaje del 3%. Esos audios están siendo peritados.
Vilches presentó su renuncia indeclinable con efecto inmediato cinco meses después de los reportes, en medio de recortes presupuestarios al área de Discapacidad. Consultados por LA NACION, declinó hacer comentarios: «No voy a hablar con nadie. Sabrá usted disculparme», indicó.
Spagnuolo y otros 18 imputados, entre ellos exfuncionarios de la Andis como Daniel Garbellini y proveedores como Miguel Ángel Calvete, sufrieron esta semana un revés judicial: la Cámara Federal confirmó sus procesamientos como miembros de una presunta asociación ilícita que habría operado como un grupo paraestatal para cooptar la agencia.
Fuentes cercanas a Spagnuolo negaron cualquier responsabilidad del exdirector en estas contrataciones. «No seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra», señalaron. Agregaron que «no es lo mismo comprar a largo plazo que sobre la emergencia». Daniel Garbellini rechazó haber participado en un «esquema de sobreprecios» y planteó que debía considerarse «la urgencia» en las contrataciones.
La defensa de Miguel Calvete solicitó periciar los números de las contrataciones y sostuvo que el Ministerio Público Fiscal había hecho «una construcción unilateral» de los precios de los insumos. El abogado de Pablo Atchabahian adelantó que el lobista prepara su declaración para explicar «el tema de las licitaciones».
En sus reportes, Vilches también expuso vínculos entre proveedores. Señaló que Artrobone e Imnova compartían domicilio en la avenida Belgrano 609 de la ciudad de Buenos Aires y que sus presidentes serían madre e hijo: Evangelina Ileana García y Martim Gonçalo Armella, quien a su vez figura como director suplente de Artrobone. Ese esquema fue presentado como una posible «simulación de competencia» que redundó en operaciones por $3042 millones, aunque los colaboradores de Vilches no informaron sobre compulsas concretas en las que ambas firmas hayan cotizado entre sí.
La auditoría también detectó que los socios de Ortopedia Bernat aparecían en otras sociedades como Sagala SRL, Clínica Las Araucarias SA y Medical Implants SA. Se consignó un caso en Río Negro con una prótesis para un paciente amputado que incluye un remito firmado por la madre del beneficiario, aunque el insumo no se había entregado al momento del informe.
El primer reporte de Vilches llegó a los tribunales el 30 de diciembre pasado, en respuesta a un oficio que preguntaba si había una auditoría en curso. Informó sobre expedientes que comenzaban directamente con facturas presentadas al cobro, «sin constancias de licitación, compulsa o contratación directa previa», y sobre órdenes de pago que agrupaban facturas de distintos trámites, lo que dificultaba rastrear el origen del gasto. También señaló que las compulsas abiertas implementadas tras la intervención expusieron brechas de precios de hasta 838%.
La auditoría no se limitó a las compras. En el documento de diciembre, Vilches reportó hallazgos en el padrón de pensiones no contributivas por invalidez, entre ellos 114 titulares privados de la libertad, ya fuera bajo detención efectiva o arresto domiciliario. Un cruce de bases de datos entre el Certificado Único de Discapacidad y el Renaper identificó 178.254 personas fallecidas sobre un padrón que a fin del año pasado registraba 1.656.641 activos.
Además, una auditoría alertó sobre un desfasaje de $158.000 millones por deuda exigible no registrada en el área de Discapacidad.