El juez Tomás Rodríguez Ponte dispuso la medida contra el financista y notificó a la CNV. También ordenó allanamientos en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, y que los vehículos secuestrados queden a disposición de la Corte Suprema.
El juez federal Tomás Rodríguez Ponte, a cargo del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, prohibió este lunes a Ariel Vallejo prestar «servicios financieros» y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La resolución alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida.
La semana pasada, Vallejo había reabierto una sucursal de Sur Finanzas en la localidad de Canning, con los servicios recortados.
En la misma jornada, Rodríguez Ponte ordenó una serie de operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas, para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial desde que fueron autorizados por el juez anterior, Luis Armella, hasta treinta días después. También se libraron órdenes de presentación en Pagos y Transferencias SA, Cobros Express Buenos Aires SA, Cobranza Integral SA y Aga Group SA, entre otras sociedades.
El club de Boedo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. A cambio, la financiera de Vallejo cobró más de $100 millones en concepto de intereses.
En los últimos días, Vallejo había publicado en sus redes sociales: «Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!».
Vallejo llegó a tener más de veinte sucursales, especialmente en el Gran Buenos Aires, pero tuvo que cerrarlas luego de la investigación periodística y de una serie de causas judiciales en su contra.
Los autos de lujo
Rodríguez Ponte también ordenó que los autos secuestrados en el marco de la causa principal sean entregados a la Corte Suprema, para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad. El listado de vehículos incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra, que Vallejo estacionaba en la puerta de la casa central.
Los fiscales Incardona y Velasco, al pedir la indagatoria de Vallejo, sostuvieron: «La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos».
La decisión de entregarle los autos a la Corte Suprema es parte de una batería de medidas en la causa iniciada en noviembre pasado, tras la denuncia de ARCA, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero. La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones a través de la billetera virtual de su grupo de empresas, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.
En otra resolución, Rodríguez Ponte le pidió a ARCA un informe detallado de las personas físicas y jurídicas que operaron a través de la PSP de Sur Finanzas para determinar si tenían solvencia económica. En ese listado aparecen algunos de los «soldaditos» que detectaron los sabuesos del fisco. Ese término alude a personas de bajos ingresos que, en los papeles, figuraban con montos elevados operando a través de la billetera virtual de Vallejo.
«Gran parte de los contribuyentes que surgen en los cruces no poseen la sustancia económica o financiera en relación con montos informados de gran magnitud. Se presume la interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de fondos», dice un informe que sostenía la denuncia.
La causa judicial incorporó al menos cuatro casos de personas que negaron haber realizado las operaciones a través de Sur Finanzas. Uno de esos casos es el de un hombre cuyas iniciales son M.A.C., a quien se le atribuye haber sacado un préstamo de $500 millones; sin embargo, negó ante la Justicia haber realizado esa operación. Algo similar ocurre con F.J.P, quien desconoció haber tramitado un crédito de $133,1 millones que figura a su nombre. S.L.F dijo que ya había dado de baja su cuenta cuando le imputan un préstamo de $485 millones. Otra persona, de iniciales R.B., sostuvo que nunca tuvo relación con Sur Finanzas, que jamás abrió cuenta ni autorizó a terceros a que lo hagan en la billetera virtual de Vallejo, y manifestó que le usaron sus datos.