Un hombre de 34 años fue detenido en Rosario tras utilizar identidades falsas y documentos apócrifos para solicitar claves de acceso al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). La Justicia investiga si actuó por cuenta propia o para una organización vinculada al narcotráfico.
Un hombre de 34 años fue detenido en Rosario después de utilizar identidades falsas y documentos judiciales apócrifos para obtener claves de una base de datos reservada. La investigación, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari y del auxiliar fiscal Ignacio Falconi, de la Unidad Fiscal Rosario, busca determinar si actuó por cuenta propia o si detrás de sus gestiones había una organización vinculada con el narcotráfico.
El sospechoso, identificado por Rosario3 como Cristian Martínez, residente del barrio de Fisherton, fue detenido el 29 de septiembre. La Justicia federal le atribuyó los delitos de usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenó prisión preventiva por 90 días.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el acusado nunca consiguió las credenciales que solicitaba. Su objetivo era ingresar al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), una plataforma que concentra datos sobre medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos, entre ellas pedidos de captura.
La primera maniobra documentada ocurrió el 5 de noviembre de 2024. Desde una dirección electrónica que aparentaba pertenecer al Poder Judicial, el acusado solicitó al Ministerio de Seguridad las claves de acceso al Sifcop. El mensaje llevaba la firma de Julio Andrés Herrera, presentado como juez federal, aunque no existía ningún magistrado con esa identidad. La respuesta oficial le indicó que debía canalizar el pedido a través de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema.
Dos semanas después envió una nueva comunicación desde otra dirección que imitaba el dominio utilizado por el máximo tribunal. Esta vez se presentó como responsable del área correspondiente. En julio de 2025, creó desde su domicilio una nueva cuenta electrónica que simulaba pertenecer a un juzgado federal y comenzó a intercambiar mensajes con el Servicio Penitenciario Federal. Alegó la existencia de una investigación penal relacionada con el manejo irregular de información confidencial y volvió a reclamar acceso a la plataforma policial.
El 3 de julio remitió dos correos con documentación adjunta que supuestamente llevaba la firma de la jueza María Servini. La falsificación contenía un error: presentaba a la magistrada como titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, cuando Servini estaba a cargo del N°1. Según declaró Reynares Solari a LT8, esa inconsistencia motivó una denuncia que permitió reconstruir el origen de las comunicaciones.
Los investigadores lograron vincular las direcciones electrónicas con el sospechoso mediante información obtenida de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. La pesquisa incluyó requerimientos a Google, Telecom y Mercado Libre, que contribuyeron a identificar al usuario detrás de las cuentas falsas.
La investigación también indaga sobre la actividad económica del acusado. Aunque no registraba ingresos declarados ni estaba inscripto como monotributista, sus cuentas bancarias habían recibido $41 millones durante 2024, otros $34 millones en el primer semestre de 2025 y $49 millones en 2026. En el allanamiento se encontró una placa falsa de la Policía Federal.
Una fuente de la investigación consultada por Rosario3 sostuvo que los investigadores sospechan que trabajaba para otra persona cuya identidad aún no habían podido establecer. Según informó La Capital de Rosario, la fiscalía analiza posibles conexiones del acusado con personas relacionadas con investigaciones contra Julio Rodríguez Granthon, conocido como El Peruano, un expiloto de avión nacido en Perú que recibió condenas por narcotráfico que superan los 30 años de prisión. Por el momento, no se informó de una vinculación judicialmente comprobada entre el detenido y esa organización.
El fiscal Reynares Solari advirtió sobre las consecuencias que podría haber tenido una filtración de esa información en una ciudad atravesada por investigaciones contra organizaciones criminales. En declaraciones a LT8, recogidas por La Capital, subrayó que el acceso ilegal a bases de datos vinculadas con la persecución penal representa un riesgo particularmente grave en Rosario, donde distintas investigaciones determinaron que personas detenidas continuaban organizando delitos desde prisión.
El expediente también reveló que el acusado registraba una suspensión del juicio a prueba dispuesta el 17 de junio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal, en una causa por falsificación de documento público. Según detalló Reynares Solari a La Capital, el hombre tampoco poseía título de abogado, aunque estaba vinculado con actividades relacionadas con el ámbito jurídico. El fiscal mencionó además antecedentes por la confección de certificados médicos que acreditaban vacunaciones que no se habían realizado.
La investigación continúa abierta para determinar qué pretendía hacer con la información, si existieron otros intentos de obtener datos reservados y si actuaba siguiendo instrucciones de terceros. Por ahora, la Justicia considera acreditados los elementos suficientes para mantenerlo detenido preventivamente.