Este jueves, la Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal continuó con las audiencias fijadas para escuchar a todos los que apelaron la sentencia condenatoria del caso Vialidad. Pese a que Cristina Kirchner había pedido la nulidad de esta instancia de revisión, se rechazaron sus planteos y se dio continuidad al cronograma estipulado.
El lunes se llevó a cabo la primera de las seis audiencias fijadas que, una vez concluidas, dejarán a los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña en condiciones de pronunciarse sobre la primera condena por hechos de corrupción que recibió Cristina Kirchner, y también los coimputados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, entre otros acusados.
El primero en exponer fue el fiscal ante el máximo tribunal penal, Mario Villar, quien respaldó la apelación de su par de juicio Diego Luciani quien requirió que la condena por el delito de administración fraudulenta atribuido por el Tribunal, se sume la asociación ilícita en carácter de jefa. Esto duplicaría la pena de 6 a 12 años.
Pero dos días después, el abogado defensor de la exvice, Carlos Beraldi, recusó al representante del Ministerio Público Fiscal y también el juez Barroetaveña que integra la Sala.
En pocas horas, los magistrados respondieron al planteo de Cristina Kirchner, rechazando los tres aspectos: la nulidad de las audiencias, y las recusaciones del fiscal como del integrante de la Sala IV.
Por eso, los jueces escucharon este jueves a la defensa oficial de Mauricio Colladera, ex autoridad de Vialidad Nacional con asiento en Santa Cruz, sobre quien pesa una pena de cuatro años de prisión.
El abogado sostuvo que no había sustento jurídico para la resolución que tomó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2): «carece de fundamentación adecuada, es una decisión subjetiva, no se tuvieron en cuenta la valoración de las circunstancias personales, los hechos observados en el juicio correspondía una sanción atenuada», explicitó.
Al igual que los demás acusados, el letrado reiteró la inocencia de su cliente, y formuló un pedido formal de absolución para el ex funcionario de Vialidad Nacional.
Mauricio Collareda fue directivo de Vialidad Nacional con funciones en Santa Cruz desde 2008 a 2016. El Tribunal le atribuyó responsabilidad e injerencia respecto a las decisiones del organismo, respecto al direccionamiento de la obra pública vial que fue adjudicada en un 86% al Grupo Austral.
La fiscalía pidió la confirmación de la condena contra Collareda por el delito de defraudación a la administración pública.
En su acusación, los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola argumentaron que Collareda debía ser «los ojos» de Vialidad Nacional en Santa Cruz pero que, por el contrario, habría «cumplido a rajatabla la orden de beneficiar a Báez» como parte de la supuesta asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015.
El Tribunal de juicio, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, determinó en su sentencia que para llevar adelante la defraudación al Estado se designó «personas del entorno en puestos claves» para «ffacilitar los procesos licitatorios, el pago de certificaciones de obras que no se realizaron, las redeterminaciones de precios que derivaron en pagos superiores a los costos originales, tanto en Vialidad Nacional casa matriz en Buenos Aires como en el Distrito 23 en Santa Cruz».
Allí es donde se circunscribió el accionar de Mauricio Collareda. El ingeniero en jefe de Vialidad provincial «fue responsable de controlar y certificar los avances de obras, figura en la nómina de pasajeros que de forma asidua viajaban en el avión privado de Báez. El director del Distrito 23, Mauricio Collareda, daba órdenes a los empleados para que los expedientes que primero debían salir para recibir el pago de certificaciones de obras sean los del Grupo Austral».
La defensa insistió en que no hay elementos para sostener la sentencia a cuatro años de prisión. Además, señaló que no se debería avanzar con una prisión efectiva, sino que debería «hacerse una valoración de los hechos muestra que la sanción debería haber sido mucho menor y que la misma debería ser en suspenso».
La próxima audiencia se llevará a cabo el 7 de marzo, donde será el turno de la defensa de Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta. Ese mismo día, se escuchará a la defensora oficial de José López, el ex secretario de obras públicas acusado, también, a seis años de prisión.