Hay veces que, sobre todo cuando las evidencias parecen brotar a borbotones, no conviene hacerse (tanto) el distraído. La Justicia no es justicia cuando sufre de tortícolis y mira para otro lado. Esta vez, en las supuestas irregularidades que se habrían cometido con el fondo fiduciario FISU vinculado a Juan Grabois, un fiscal general olió algo raro y decidió investigar de oficio.
«Fueron varias semanas de requisas a raíz de las denuncias periodísticas y de aparentes damnificados. Se trata de una montaña de dineros públicos que se pagaron para construir un barrio entero, con 54 casas, calles, luminarias, veredas, servicios de agua y cloaca. Poco o casi nada de eso se hizo«, le dice a Clarín el fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani.
Fernanda Miño nació y vive en La Cava, San Isidro. Es del movimiento MTE, aliada a Grabois. Fue la que firmaba los miles de millones de pesos que iban al banco BICE que manejaba el massista José Ignacio De Mendiguren, para a su vez, trasnferir a las cooperativas.El predio donde debería haberse construido el barrio ocupa una superficie de seis manzanas y fue donado por la tradicional familia Peralta Ramos. Pero el destino era para otro fin que no tiene nada que ver con el plan habitacional que las organizaciones piqueteras vinculadas con Grabois, con plata del Estado.
«Los Peralta Ramos dejaron bien en claro que los terrenos deberían destinarse para la construcción de escuelas, muy necesarias para esta zona, en las afueras de Mar Del Plata», señala a este diario el fiscal.
La plata para las obras llegaron de dos programas estatales: por un lado el de «Casa Propia», del ministerio de Desarrollo Social. «Fueron unos $370 millones», indica Pettigiani.
Las viviendas sin terminar por las que fue denunciado Grabois en Mar del Plata.Mucho más dinero sería el que aportó el FISU, que manejó la Secretaría de Integración Socio Urbana durante el cuarto gobierno kirchnerista. Durante los cuatro años, al frente de ese organismo estuvo la lugarteniente de Grabois, Fernanda Miño.
«Nadie sabe bien cuánto fue lo que se gastó ni cómo se gastó. Hay numerosos indicios de que Grabois tuvo responsabilidad en el manejo de ese fideicomiso, aunque él obviamente lo niegue. En el código penal le cabe varias figuras delictivas ya que es de obvio conocimiento tuvo el dominio del hecho e influyó que todo se lleve a cabo bajo sus órdenes y monopolizó la gestión con sus militantes y organizaciones sociales que le responden. Que ahora se esconda es puro cinismo y cobardía, típico de los autores intelectuales de cuello blanco«, dispara el fiscal.
Con las pruebas recolectadas, Pettigiani requirió la indagatoria de Grabois y su imputación bajo los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos, «aunque él nos recuerde todo el tiempo que no fue funcionario», apunta el fiscal general. Y agrega: «obvio que también para Miño y varios ex funcionarios del llamado Comité que decidía cómo gastar los fondos del FISU».
Clarín recorrió la zona (antes lo había hecho el diario La Nación) y comprobó que lo que falta terminar es (casi) todo. «Según el contrato, el barrio completo, con las 54 casas, deberían estar listas en abril de este año, es decir, en menos de dos meses. Obvio, que lo que realmente dejaron en diciembre, cuando cambió el gobierno, es un chiste. Para simular que estaban trabajando lo primero que levantaron fueron los esqueletos de algunas viviendas pero a simple vista te das cuenta de que fue todo una puesta en escena. Ni revoque tienen y muchos ladrillos están rotos», agregó Pettigiani.
La denuncia del fiscal cayó en un juzgado de Comodoro Py subrogado por Julián Ercolini. Allí le dijeron a Clarín que la causa la derivarían este jueves a la Justicia Federal de Mar del Plata, donde el único juez federal de instrucción es Santiago Inchausti, que se formó como secretario de Ariel Lijo.
Quizás Grabois y su escudería tengan una manera de zafar, por lo menos, de esta denuncia: si Inchausti decide delegar la investigación de en sus dos fiscales, lo más probable es que haya olor a gato encerrado.
Resulta que los únicos dos fiscales de instrucción que les podría caer la causa de Grabois están algo (por no decir bastante) vinculados al poder kirchnerista. Laura Mazzaferri, sobre todo; y Santiago Eyherabide militan el Justicia Legítima.
Una de las implicadas es la ex presidenta del Consejo Escolar de Mar del Plata, Natalia Russo. Ella fue la que firmó la sesión de las seis manzanas para que Grabois haga el barrio que no hizo. Russo admitió que fue ella la que entregó las tierras «pero antes recibí la autorización de al menos tres ministerios del Gobierno de Kicillof que avalaron la sesión», admitió ante Clarín.