Durante dos años, de forma sistemática, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) alertó sobre el crecimiento de los delitos vinculados al narcotráfico cometidos desde los establecimientos penitenciarios federales. Al menos en tres oportunidades se le pidió al gobierno de Alberto Fernández que aplique protocolos, que reinstale el servicio de inteligencia carcelaria y otras medidas para restringir el accionar delictivo de los cabecillas narco. La actual gestión recibió un Servicio Penitenciario Federal (SPF) con más del 30% de superpoblación, desinversión en obras importantes y un escaso control sobre presos de alta peligrosidad.
La crisis tuvo otro pico este lunes, con el despido de Juan Eduardo Velarde y José Luis Guarino, director y subdirector del Servicio Penitenciario Federal. Sus reemplazantes serán Fernando Martínez y Diego Morel, funcionarios de carrera del Servicio que habían trabajado durante la gestión de Mauricio Macri
La crítica situación que vive Rosario vuelve a abrir una hipótesis entre los investigadores: la posibilidad de que los ataques hayan sido ordenados desde las cárceles federales donde se encuentran alojados los principales líderes de estas organizaciones narcocriminales. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que es una de las tesis de análisis por estas horas.
Que el Ministerio Público Fiscal analice esa posibilidad entre las variables de investigación responde a una alerta encendida hace más de dos años que fue “ignorada por las anteriores autoridades”, indicaron fuentes judiciales.
A principios de 2023 se realizó una actualización del primer informe sobre el fenómeno de la narcocriminalidad que confeccionó la PROCUNAR que dirige el fiscal Diego Iglesias. Como en el anterior, ese documento dejó constancia sobre la dinámica y características que mostraban cómo el crimen organizado cuenta con un marcado “despliegue dentro de las instituciones carcelarias”.
En los documentos que fueron presentados a la anterior directora del SPF, María Laura Garrigós, se expusieron todos los delitos que se cometieron desde las unidades carcelarias, con el foco puesto en la necesidad de “mitigar los riesgos que esta modalidad criminal presenta contra la sociedad, los operadores de los sistemas de administración de justicia y terceros vinculados al proceso penal”.
Entonces se pidieron medidas de seguridad complementarias, desde restricciones en las visitas, más requisas, inhibidores de telefonía celular, en casos concretos y de gravedad “respecto de internos que ya han intervenido en maniobras desplegadas desde establecimientos penitenciarios y sin que éstas afecten al resto de la población penitenciaria”.
Los fiscales comprobaron que las rejas no eran un impedimento para que los jefes de organizaciones narcotraficantes vean impedida la continuidad del negocio. Tampoco lo eran las condenas dictadas contra sus jefes por diferentes jueces federales. En tres documentos, incluido el informe de gestión 2023, la PROCUNAR dio cuenta de la problemática y recomendó medidas urgentes para coagularla. El trabajo fue ignorado por el Gobierno de Alberto Fernández.
«Se advirtió que las organizaciones se sirven de contactos del exterior, que en la mayoría de los casos conforman un entramado delictivo, que instrumentan las acciones ordenadas por los líderes que se encuentran detenidos (condenados en casi todos los casos) y, pese a ello, continúan interviniendo en complejas maniobras de narcocriminalidad», sostiene el documento oficial.
Para que estas tareas puedan concretarse, indicó la PROCUNAR, «se sirven fundamentalmente de dispositivos de telefonía celular que los mantiene en contacto con quienes se encargan de ejecutar las acciones».
La situación expuso algo evidente: no importa que ellos como líderes de las organizaciones estén detenidos, tienen en el territorio «personas que siguen operando y respondiendo a sus órdenes«, indicaron fuentes judiciales a Clarín cuando se realizó ese trabajo.
En la actualidad, según fuentes oficiales, son 180 los presos vinculados a casos de narcotráfico alojados en distintos penitenciarios federales. El sistema de control sobre ellos “era casi inexistente y sólo al final de la gestión, después de haber sido denunciados penalmente, comenzaron a poner algunas cosas en marcha”, indicó una fuente del gobierno.
La PROCUNAR volvió a constatar que las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles en establecimientos penitenciarios por parte de reclusos de alto perfil “continúa siendo de uso cotidiano”, advertía el informe de de la fiscalía especializada difundido en diciembre pasado.
Esto representa -continúa explicando el documento- “una seria amenaza por la continuidad de graves actividades criminales cometidas por parte de las organizaciones, las cuales siguen consolidando los lazos delictivos que permiten su avance en el territorio argentino y continúan afectando a la sociedad en su conjunto”.
El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, reiteró en varias oportunidades al Poder Ejecutivo Nacional las recomendaciones formuladas en diversos informes, “para que de manera urgente todos los organismos extremen las medidas, para evitar los diversos factores que facilitan o promueven el acceso a teléfonos móviles por parte de los reclusos de alto perfil alojados en establecimientos penitenciarios”.
Cárceles en estado crítico
La ahora desplazada conducción del Servicio Penitenciario Federal, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, se había encontrado con cárceles “con una sobrepoblación por encima del 30% en el área metropolitana, falta de inversión en el mantenimiento de la infraestructura, serios problemas internos”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Admiten, de todos modos, que los últimos tres meses antes de que el exviceministro de Justicia Martín Mena -de quien dependía el SPF- dejara la gestión, comenzaron a aplicar ciertos protocolos y muy paulatinamente habilitaron el servicio de inteligencia dentro de las cárceles. “Pero durante cuatro años desoyeron los informes de la PROCUNAR”, indicó una fuente allegada al SPF.
Luego de la llegada de Javier Milei al poder, el Servicio Penitenciario puso en marcha el protocolo del que participó la PROCUNAR y que se inspira en las medidas de Naciones Unidas para tratamiento de criminales peligrosos: “se le sumaron cuestiones de nuestra propia idiosincrasia con una partida presupuestaria especial”, explicó una de las personas intervinientes en el proceso.
El protocolo para líderes narco
Las medidas aplicadas incluyen la prohibición de recibir visitas por fuera del círculo familiar directo. Y si esos visitantes quieren tener un contacto directo con el detenido, deben someterse a un body scan. Si no, la visita sólo se concreta con un blindex de por medio.
En cuanto a las comunicaciones telefónicas, sólo pueden realizarse con personas que integran una “lista blanca”, aprobada por el SPF. No se puede establecer comunicación con ningún teléfono fuera de los admitidos. Las llamadas, además, son solo dos por día: una por la mañana y otra por la noche, de treinta minutos cada una. Al transcurrir ese tiempo, se corta la conversación.
Pese a los reiterados pedidos y a lo que la ley ordenaba, la anterior gestión no colocó los inhibidores de señal de telefonía celular. Según indicaron a Clarín fuentes oficiales, las autoridades actuales está trabajando con el ENACOM para bloquear las celdas que cubren las cárceles federales donde están alojados presos de alta peligrosidad.
El protocolo también se aplica al personal penitenciario. La PROCUNAR había advertido que parte del mismo podría haber actuado en connivencia con los líderes narcos, proveyendo los dispositivos celulares y con otras colaboraciones detectadas.
Se determinó que los celadores no tengan ningún tipo de contacto con el personal que realiza las requisas en los módulos donde permanecen detenidos, juntos, los líderes narco.
“Las requisas se hacen con un grupo externo, es personal único afectado a esto y el personal que trabaja en esos pabellones no está identificado, permanecen con el rostro tapado y sólo tienen un número en sus uniformes”.
Todas las medidas se aplican en un Sistema Penitenciario “desfinanciado, sin mantenimiento y con sobrepoblación, plagado de habeas corpus”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Desde que asumió La Libertad Avanza, las autoridades del SPF han recibido más de 40 habeas corpus de narcos detenidos, quejas sobre la calidad de la comida, las condiciones de alojamiento y los pedidos de inconstitucionalidad al protocolo aplicado para los presos narcos.