La mujer, vecina de Vicente López, llegó desesperada a su veterinaria de confianza. Su perro se moría. El profesional hizo todo lo posible para salvarlo, pero no pudo. “El cachorro tenía moquillo”, fue lo primero que dijo el veterinario. No se equivocaba. El certificado de vacunación era trucho. Dos años después y tras una investigación que incluyó una compra simulada, detectives judiciales y policiales descubrieron un criadero ilegal de animales en Olivos, Vicente López.
En las últimas horas, en un operativo a cargo del fiscal de Vicente López Alejandro Guevara, personal de la comisaría de Olivos y de la Dirección de Zoonosis del municipio rescataron a 31 perros, de las razas caniche, chihuahua y bulldog francés, que estaban en una situación de hacinamiento, mala alimentación e higiene y que se ofrecían a la venta.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El fiscal Guevara imputó a un matrimonio y a su hija de 18 años por maltrato animal y uso de documento falso.
“Es un hecho muy grave. No solo por el uso de certificados falsos de vacunación, sino también por la estafa a las personas que compraron los perros y los criaron con amor”, explicó una fuente de la investigación.
Según la ley vigente, el maltrato animal tiene una pena máxima de un año de prisión. El fiscal Guevara intentará demostrar, en este caso, que la extensión del daño causado fue a 31 “seres sintientes”.
“Este sometimiento, este padecimiento, que ya no era maltrato, era una tortura, se repetía todos los días con 31 perros”, explicó una calificada fuente judicial.
El criadero tenía el nombre de fantasía El universo del caniche. Según su perfil de la red social Instagram, los perros “eran criados con mucho amor”. Pero era mentira. Los especialistas de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Vicente López le explicaron al fiscal Guevara y a su equipo de colaboradores que varios de los perros rescatados corrían riesgo de vida, estaban casi desnutridos.
Cuando había un interesado en comprar un perro, después de un primer contacto, los encargados del criadero se comunicaban por WhatsApp. “Para poder tener la ubicación exacta del criadero, se simuló el interés por un perro. Se pactó un encuentro y, después, en vez de concretar la compra se hizo el allanamiento “, explicaron fuentes del caso.
Tras un pedido del fiscal Guevara, el allanamiento en una propiedad situada en España al 3300, en Olivos, fue ordenado por la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty.
“Los imputados se sorprendieron con el allanamiento. Mintieron en todo momento. Intentaron ocultar las pruebas y las evidencias. Los vecinos decían que les tenían miedo. Vamos a tratar de que la pena sea la más alta posible”, dijo una fuente judicial.