Es “sumamente grave“ y significa “un gran retroceso” con “consecuencias nefastas sobre la vida de las mujeres, sobre todo las más pobres y vulnerables”. Así evaluó –en una entrevista con Página 12– la ecuatoriana Gloria Camacho Zambrano, presidenta del Comité de Expertas independientes de la OEA que monitorea las políticas contra las violencias de género en los países del continente, el anuncio gubernamental del desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área a la que había quedado reducido el exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y que tenía a su cargo desarrollar políticas integrales para prevenir los femicidios, gestionar la Línea 144 y también asistir a víctimas de violencia machista y a sus familiares. Es la primera vez desde la recuperación de la democracia que Argentina queda sin un área institucional que trabaje por las políticas de igualdad de género.
“Desde mi calidad de presidenta del Comité Expertas quiero expresar mi más cálida sororidad con las mujeres argentinas y rechazar y cuestionar este posicionamiento del presidente Milei que atenta contra principios básicos del derecho internacional y de la dignidad humana”, señaló Camacho Zambrano a este diario desde Santiago de Chile, donde este lunes comienza una cumbre regional en la sede de la Cepal que reunirá a las ministras de la Mujer y más altas autoridades de cada país de la región en materia de violencia contra las mujeres y diversidades, y por otra parte a organizaciones feministas y de la sociedad civil, así como autoridades de Naciones Unidas, para analizar cuál es la situación de las acciones para erradicar la violencia de género.
La reunión regional se hace al conmemorarse el 30 aniversario de la Convención de Belén do Pará. Se trata del primer tratado a nivel internacional en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y establecer obligaciones para los 32 Estados de América Latina y el Caribe que la adoptaron, Argentina entre ellos.
En un hecho vergonzoso, la delegación oficial del Gobierno no contará con ninguna funcionaria en materia de violencia de género. En cambio, estará encabezada por el embajador argentino en Chile y excanciller macrista, Jorge Faurie. Es la primera vez en 30 años de la Convención de Belén do Pará que sucede algo así, según evaluaron fuentes del Comité de Expertas.
Por otra parte, este retroceso en la agenda de género de Argentina se da cuando el año próximo se cumplirá también el trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 (Beijing+30), como se conoce el acuerdo histórico entre los países aprobado para avanzar hacia la igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Uno de los compromisos asumidos por los Estados fue el fortalecimiento de la institucionalidad para dar respuesta a esas problemáticas estructurales.
Argentina, que venía teniendo en los últimos años un rol de liderazgo en los foros internacionales con relación a la agenda de derechos de las mujeres y diversidades, desde que asumió Milei muestra el cambio de perspectiva hacia una mirada reaccionaria y retrógrada, que recuerda a la presidencia de su admirado Carlos Menem, cuando Argentina se alineó en los foros internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos con el Vaticano y los países musulmanes. Este reciente giro en la diplomacia quedó en evidencia en las reuniones preparatoria de la Asamblea General de la OEA que se celebra del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay. En esa línea, el jueves por la noche la canciller Diana Mondino celebró con un mensaje en la red X el desmantelamiento de la Subsecretaría contra la Violencia de Género a la que había quedado reducido el exMinisterio de MGyD con una frase provocadora: “Saluden al Ministerio de Mujeres y Sandwichitos que se fue».
“Sumamente grave”
Con larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, Camacho Zambrano es educadora y socióloga feminista y encabeza el Comité de Expertas independientes que integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos.
El mismo jueves cuando se conoció la renuncia de la subsecretaria Claudia Barcia ante la inminente desaparición del área, el Comité de Expertas del Mesecvi expresó su «profunda preocupación” por el cierre de la única institucionalidad que quedaba en pie en el Ejecutivo Nacional para combatir la violencia por razones de género y prevenir los femicidios.
“De concretarse dicho cierre impactaría directamente sobre unas capacidades estatales ya afectadas por anteriores recortes, comprometiendo seriamente la obligación del Estado de proteger a las mujeres”, había alertado en un comunicado publicado en la red X el Comité de Expertas del Mesecvi.
“Este Comité deplora además que dicha noticia se produzca a pocos días del 30 aniversario de la Convención de Belém do Pará –como se conoce a ese tratado–, que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y establece compromisos internacionales para el Estado argentino en la materia”, agregó el órgano de la OEA.
En una entrevista con este diario, Camacho Zambrano advirtió que dejar de tener un área especializada en el Gobierno argentino “significa un retroceso” porque “los derechos tienen que ser progresivos como señala la Convención de Belén de Pará y todos los documentos internacionales”.
Además, consideró que es “sumamente grave” al crear un precedente que es contrario a tratados internacionales suscriptos por el país –con rango constitucional– como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) y vulnera además la ley 26. 485, de Protección integral contra la violencia hacia las mujeres sancionada por el Congreso en 2009 en cumplimiento de la Convención de Belén do Pará, y que establece que el Poder Ejecutivo debe tener un órgano rector, para diseñar y articular con las provincias y municipios políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
“Las consecuencias en la vida de las mujeres van a ser nefastas y probablemente más nefastas entre aquellas que están en situación de pobreza y de vulnerabilidad, que como conocemos ahora bordea el 60 por ciento de la población en Argentina”, advirtió la experta ecuatoriana en diálogo con Página 12.
En ese sentido, alertó que “es una medida totalmente equivocada y antiderechos, que desconoce los derechos humanos de las mujeres, las necesidades específicas que tenemos como mujeres, y las tremendas desigualdades que se deben cambiar para lograr relaciones de equidad e igualdad de derechos y oportunidades”.
“Contar con un mecanismo de género ha sido el resultado de lucha de décadas del movimiento mundial de mujeres y sobre todo del movimiento feminista argentino, de las mujeres organizadas que han exigido al Estado que adopte políticas públicas con perspectiva de género, que promulgue y respete una legislación que permita garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, pero sobre todo tomen en cuenta la particular situación de las mujeres en términos de discriminación, desventajas y de necesidades específicas”, destacó Camacho Zambrano, en una entrevista con Página 12.
“Por ejemplo, en salud sexual y reproductiva las mujeres requerimos acceso a los medios adecuados para el control de la natalidad, acceso o garantías para el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, todos esos avances que ha tenido Argentina a lo largo del tiempo y que han sido reconocidos a nivel mundial como la legalización del aborto en cualquier circunstancia”, agregó la experta independiente de Ecuador.
“También es dar un mensaje en contra de los avances que hemos logrado las mujeres en el país y en la región, desde una concepción patriarcal hegemónica”, reflexionó. “Ya hemos visto en América Latina cómo se han incrementado, por ejemplo, los femicidios y que como bien dice Rita Segato, están asociados con esta necesidad de los hombres de reafirmar su masculinidad hegemónica, su rol de poder y de autoridad”, añadió.
La disolución de la Subsecretaría es más brutal si se analiza como parte de un plan gubernamental de desmantelamiento de todas las políticas contra la desigualdad de género y que incluye el vaciamiento del Inadi y la destrucción del Programa Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes (ENIA), además de la prohibición de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y del lenguaje inclusivo en el ámbito estatal. Todo en seis meses de Gobierno.
La historia de un área clave para avanzar en derechos
Las áreas de la mujer o de género y diversidad, responden a un mandato constitucional, en cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que está incorporada a la Carta magna. Cuando estuvieron a cargo de feministas –con apoyo político– sirvieron para empujar la agenda de ampliación de derechos. Siempre tuvieron que pelear por presupuestos adecuados.
La primera Subsecretaría Nacional de la Mujer la creó en 1987 por decreto el entonces presidente radical Raúl Alfonsín. Era la culminación del proceso iniciado en 1985 con el programa de Promoción de la Mujer y la Familia. Esa Subsecretaría fue el primer organismo de promoción de las mujeres en el Estado en Argentina. En 1989, cuando asume Menem, es primero ascendida al rango de Secretaría y cerrada en 1990, con el argumento de la reestructuración, propia de la incipiente reforma neoliberal del Estado implementada por el menemismo. Pero luego en 1991 se reabre por presión de los organismos internacionales y de feministas –peronistas y de otros partidos políticos–, primero como Consejo Coordinador para Políticas de la Mujer y luego convertido en Consejo Nacional de la Mujer. Aunque siguió teniendo rango de subsecretaría, fue una jerarquización importante porque pasó a depender de Presidencia y en ese momento se crea el Consejo Federal de la Mujer para articular con las áreas de las provincias. Al mismo tiempo sumó a la agenda otras temáticas más allá de la violencia de género como trabajo y salud, entre otras. Su primera titular fue la feminista peronista Virginia Franganillo y buscó convertirlo en un faro que guiara las políticas de género del gobierno. Se alejó en 1995 cuando el expresidente Menem dejó en evidencia su alineamiento con el Vaticano y países musulmanes.
Los sucesivos gobiernos, sin distinción política, fueron debilitando y devaluando su jerarquía institucional. En 2008 figuraba casi desdibujado del organigrama oficial dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que encabezaba la ministra Alicia Kirchner. Lo había escondido ahí Hilda “Chiche” de Duhalde en 2002, cuando su esposo era presidente interino. Si bien en 2017 durante el macrismo fue jerarquizado para convertirse en un organismo autónomo con rango de Secretaría de Estado dentro de Desarrollo Social, quedó acotado a ocuparse de las políticas de promoción y protección en violencia por razones de género y, además, sufrió una drástica reducción presupuestaria. Finalmente, en 2019–durante la gestión de Alberto Fernández– fue ascendido a Ministerio de MGyD. Pero eso ya es, también, historia.