El nuevo conflicto activado en torno a las medidas de fuerza implementadas por los empleados de Intercargo, la compañía estatal que brinda los servicios de mangas, rampas y equipajes en todos los aeropuertos del país, reavivó la decisión oficial de avanzar con la privatización de la firma o, en todo caso, disponer su cierre total. Por lo pronto, la gestión libertaria aplicó su primera medida de impacto tras el paro del miércoles: despidió a 15 empleados que participaron de la protesta. Y hasta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que, si la movilización gremial no cesa, el Gobierno buscará que Intercargo «deje de existir«. El escenario de enfrentamiento acentuaría los recortes de personal que se vienen aplicando desde el inicio de la gestión de Javier Milei y, en simultáneo, se da por descontado que continuará el freno a la transferencia de recursos de la Nación a las arcas de la estatal.
Intercargo figura en el listado de las 129 compañías con participación del Estado que se buscan transferir a actores privados y, aunque la privatización de la firma se mencionó fuerte a principios de 2024, lo cierto es que el foco de Milei y sus equipos luego se trasladó casi por completo a Aerolíneas Argentinas.
Intercargo, en la nómina de empresas estatales a privatizar
A principios del mes pasado, el Gobierno mencionó a Intercargo como una de las compañías a vender para «ordenar las cuentas de Nación y de las provincias». Si bien de un tiempo a esta parte cesó el impulso oficial de reducir el tamaño de la firma, lo cierto es que se llega a instancia del año con más de 70 despidos y un recorte total de las transferencias de fondos oficiales durante la primera mitad de 2024.
En la aprobada Ley de Bases, el Gobierno anticipó su decisión de privatizar a la compañía «tal como está», y de ahí que las cesantías fueron dándose prácticamente por goteo. Por estos días, Intercargo cuenta con un plantel del orden de los 1.570 empleados distribuidos en todo el país.
Vale recordar que la empresa ostentó el monopolio de los servicios de rampas, mangas y movimiento de equipaje prácticamente hasta mediados del mes de septiembre. Y que esa condición, reconocen actores del ámbito aerocomercial consultados por iProfesional, en reiteradas oportunidades fue «aprovechada como arma de presión sindical».
Entre las filas libertarias predomina la idea de que la enorme presencia de los gremios en la empresa hace imposible aplicar una reducción drástica del tamaño de Intercargo. Y que la misma fortaleza de las organizaciones sindicales complica cualquier plan de manejo gubernamental de la compañía.
Sostienen este argumento apelando a la evolución histórica de la prestadora de servicios en tierra: surgida en la década de los 90, Intercargo transitó una etapa superavitaria hasta 2011, año en que comenzó a demandar inyecciones de dinero oficial por hasta u$s2 millones mensuales al cambio de la época.
En 2012, pleno gobierno de Cristina Fernández, la Casa Rosada intervino la empresa por maniobras fraudulentas realizadas en connivencia con el sistema bancario. Ya en aquel momento, Intercargo sobresalía como una firma estatal dirigida por La Cámpora.
Intercargo y un derrotero de conflictos a lo largo del tiempo
Un año después, la compañía cobró mayor visibilidad tras anular la prestación de servicios de rampas a LAN Argentina en el Aeroparque porteño, en un movimiento que fue observado por el resto de las compañías del sector como una maniobra para favorecer la consolidación comercial de la reestatizada Aerolíneas Argentinas.
Intercargo incluso reclamó una presunta deuda de u$s18 millones y el conflicto con la aerolínea de origen chileno se extendió hasta la presidencia de Mauricio Macri. La empresa volvió a entrar en fase de conflictos en 2018, cuando los gremios se declararon en alerta y movilización luego de que la «low cost» Flybondi anticipara su decisión de auto proveerse de servicios en tierra.
Ya en 2019, con Alberto Fernández al frente del Ejecutivo nacional, La Cámpora volvió a hacerse con el control de Intercargo y elevó la dotación de personal por encima de las 1.700 personas. A fines de ese gobierno, los ingresos de la empresa sólo permitían cubrir cerca del 65% de sus costos operativos. Y así llegó a la primera etapa de 2024, con la decisión de Javier Milei de reducir a 0 los aportes oficiales y promover el achique del plantel de personal.
En septiembre pasado, Intercargo perdió la exclusividad de los servicios de rampas, mangas y equipaje en los aeropuertos nacionales luego de que Flybondi resultase habilitada y certificada por la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) para dar servicio de «handling» a otras compañías aéreas.
Ese cambio disparó el malestar gremial y las tensiones redundaron en medidas de fuerza que, como las promovidas esta semana, reavivaron el interés del Gobierno por deshacerse de la compañía vía privatización o el cierre definitivo.
Mientras se define ese paso, el oficialismo anticipó que promoverá medidas «anti piquetes», mientras que el sindicalismo aeronáutico afirmó que no dará un paso atrás en sus reclamos y la «defensa» de la firma y su condición de estatal. En este contexto, la pregunta que queda en el aire es qué ocurrirá con los vuelos y el turismo cuando ya se está a un paso de otra temporada veraniega en la Argentina.