El gobierno de Javier Milei amplió este lunes la capacidad de la «ciberpatrulla» que creó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y ahora podrá investigar en las redes sociales nuevos potenciales delitos.
Así quedó plasmado en la Resolución 1330/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Bullrich. La medida avanza en el patrullaje cibernético de «los delitos de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos». El objetivo central es evitar nuevas estafas piramidales tal como la que sucedió semanas atrás en la localidad bonaerense de San Pedro en la que miles de vecinos perdieron sus ahorros.
ciberseguridad hacker 2.jpg
El ciberpatrullaje ya había sido autorizado en mayo de este mismo año, cuando se permitió realizar estas tareas en los casos vinculados con amenazas y otras formas de intimidación o coacción; venta o permuta de artículos cuyo origen, presumiblemente, provenga de la comisión de un acto o de un hecho ilícito u obtenidos en infracción a las disposiciones aduaneras; y falsificación y comercialización de instrumentos públicos en sitios web y otros espacios virtuales.
Además, el ciberpatrullaje también se aplica para conductas que puedan comportar situaciones de acoso; amenaza o extorsión de dar publicidad a imágenes sin consentimiento; trata de personas y tráfico de personas; lavado de activos; terrorismo; venta libre de elementos para los cuales se requiera autorización o dispensa legal; y cualquier otro delito del que se pueda obtener noticia a través del ciberespacio.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que «el constante avance de transacciones relacionadas con criptoactivos, así como la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión, está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistidos y ciberdependientes con un gran número de víctimas de todos los estratos sociales y económicos”, alegan en el considerando de la norma a modo de contexto.
patricia bullrich
Patricia Bullrich.
Y abunda: «esto se traduce en la realización de múltiples maniobras delictivas tales como defraudaciones y estafas coloquialmente denominadas ‘piramidales’, donde se busca captar ahorros a modo de supuestas inversiones prometiendo retornos irreales en moneda de curso legal, extranjera o en activos virtuales, hasta artilugios más complejos como auténticas acciones que constituyen el delito de intermediación financiera no autorizada».
Tal como establece la normativa publicada en mayo pasado, el ciberpatrullaje solo puede realizarse en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas, las que fueron definidas como “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas reglamentarias”.
Además «las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no podrán acumular información recabada con motivo de las investigaciones previas realizadas y, una vez concluida la actividad preventiva o decidida la no judicialización, deberá destruirse el material y datos obtenidos”.
Resolución 1330/2024:
Embed
Lo que se lee ahora