Con la temporada marcando picos de turismo en Mar del Plata, varios cuidadores de coches (más conocidos como «trapitos»), salieron a las calles a pedirles dinero a los turistas y a los propios residentes de «La Feliz» que buscaban espacio para estacionar. Esta actividad no registrada no es una novedad, desde hace más de 10 años los «trapitos» ganaron terreno a lo largo y ancho del país, y –ante la limitación legal de sus casos– muchos policías prefieren no molestarse llamándoles la atención. El argumento de las personas que así se ganan la vida gira en torno a la petición, pues no están imponiendo un servicio o pago, sino que le ofrecen al conductor la posibilidad de abonarles.
Pero, en los últimos años, cada vez son más denuncias realizadas por conductores que lamentan los destrozos de sus vehículos tras haberse negado a pagarles a estos cuidadores. En ese sentido, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dio la orden a las fuerzas de seguridad de su municipio para que analicen este tipo de casos y, si lo amerita, detengan al sujeto en cuestión.
Días atrás, el jefe comunal informó que en la zona comercial de San Juan, «los agentes encontraron a un trapito extorsionador tomando alcohol». De acuerdo a lo que relató el jefe comunal, en la revisión los oficiales de policía descubrieron un «envoltorio con piedras de igual similitud a la denominada tiza (crack)», además de ello, también tenía pedido de captura activo.
Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón
Asimismo, este último viernes, gracias a una denuncia, la patrulla municipal dio con la detención de un trapito en presunta situación de calle que tenía pedido de captura desde el 2014. «11 años evadiendo a la Justicia que se terminaron de golpe y porrazo. Cuando digo que son delincuentes, son delincuentes. Gracias infinitas al revuelo que hicieron todos los que los defienden», dijo Montenegro en redes sociales.
Montenegro, denunciado por «vulnerar derechos»
Por este motivo, el intendente fue denunciado por «vulnerar derechos de personas que trabajan y viven en la calle». Fue la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata quien elevó la denuncia ante la Fiscalía General de esta cuidad balnearia.
El argumento para avanzar con tal presentación, de acuerdo al secretario del organismo Roberto Cipriano García, es que el municipio de Mar del Plata desplegó una serie de detenciones, agresiones y medidas coercitivas que atentan contra la dignidad y los derechos de los «trapitos» y «limpiavidrios».
«Los funcionarios municipales ejercieron violencia física, psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas en situación de calle o que realizan trabajos informales en la vía pública. Lo hicieron con la excusa de hacer cumplir el Código de Faltas Municipal, las fuerzas de seguridad están persiguiendo a estas personas indefensas», indicó en diálogo con un medio local.
Según el secretario, la situación se torno aún más grave debido a que «las autoridades comunales legitimaron la violencia policial y la corrupción». «También omitieron denunciar las agresiones físicas ejercidas por los agentes municipales y policías», sumó. Cipriano García también apuntó contra Montenegro y lo acusó de publicar fotos y videos en sus redes sociales exponiendo la «brutalidad» de sus fuerzas.
Lejos de cesar sus actividades, el intendente redobló la apuesta y apuntó contra una «jueza garantista que había ordenado la intervención de desarrollo social», en un intento de ayudar a los cuidadores de autos. Aunque, estos mismos, terminaron arrojando piedras al edificio público luego que no lograran satisfacer sus peticiones. «Si ofrecés ayuda y te devuelven piedras. ¿Tienen que ir a un refugio? No, tienen que ir detenidos», opinó Montenegro vía X.
Por el momento, la presentación judicial contra el jefe comunal se encuentra en etapa de investigación; la que dará cuenta si, efectivamente, se están violando los derechos humanos de los retenidos y detenidos.
La respuesta de los dirigentes de izquierda
Estas medidas de seguridad desplegadas por el jefe comunal del PRO despertó la reacción del dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, y la referente del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho. El excandidato a presidente de Unión por la Patria también presentó una denuncia contra Montenegro para que «pare con esta locura ilegal de maltratar a personas en situación de calle y trabajadores informales en la vía pública».
Juan Grabois junto a los diputados del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho y Federico Fagioli
Ante tal denuncia, Montenegro le sugirió que se responsabilice él de los delincuentes con pedido de detención a los que detuvo gracias a estos operativos. Grabois no respondió.
De la misma forma, la diputada Zaracho insultó al jefe comunal por hacerse «el guapo con los laburantes, trapitos, vendedores ambulantes y gente en situación de calle». La congresista asegura que el intendente somete a los trabajadores informales, pero no trabaja para que las mafias narcos no avance. Por su parte, Montenegro aseveró que los cuidadores de coches, «con el trapito, van a terminar puliendo los barrotes de la celda».