Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destinó en junio $183.496 para cubrir servicios públicos, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET). La cifra representa un incremento del 10,2% en comparación con mayo y un aumento del 38% frente al mismo mes de 2024.
La canasta incluye consumos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte, sin contemplar subsidios. El gasto en servicios públicos trepó muy por encima de la pauta salarial que fijó Luis Caputo, ministro de Economía, que solo autoriza una suba de 1% mensual. Así, cada vez cuesta más llegar a fin de mes.
El informe advierte que desde diciembre de 2023 hasta el mes de junio de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA subió 561% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 150%. En el mismo período el gas natural escaló 1482%. Con respecto de junio 2024, el costo de la canasta total aumentó en línea con el índice general de precios del período (la canasta aumentó 38% mientras el IPC incrementó 39%).
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El instituto detalla que “en la desagregación por servicio se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 63% respecto a junio de 2024 y en agua con el 39%. Por otra parte, el gasto en gas natural y energía eléctrica aumentaron 24% cada uno en términos interanuales”.
La canasta de servicios públicos del AMBA de junio representa el 12,7% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.445.000), según el documento. El peso del transporte representa el 36% del gasto y es algo más alto respecto de los restantes servicios. Esto deja en evidencia el golpe a los ingresos.
Mientras los bolsillos populares son castigados con altas tarifas, las empresas privatizadas ganaron millones y el servicio se fue degradando como se ve con los cortes de luz o el transporte, que tiene poca frecuencia y se viaja hacinado en subtes, trenes y colectivos.
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Los servicios públicos son un derecho esencial para toda la población, basta del negocio de las empresas privatizadas. Es necesaria la estatización de todo el sistema energético, la gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados y en la cual participen comités de usuarios populares. Esto permitiría una planificación racional, garantizar el acceso de toda la población a un servicio barato y de calidad, en camino hacia el abaratamiento de los costos energéticos en base al desarrollo productivo y llevar adelante la transición energética.