Bailaque se encuentra actualmente imputado por presunta comisión de múltiples delitos de gravedad y con prisión preventiva dictada por el Juzgado N°4 de Rosario. Renunció en junio.
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Acorralado por las denuncias, Marcelo Bailaque presentó su renuncia a fines de junio, aceptada por el presidente Javier Milei.
NA
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la investigación contra el exjuez Marcelo Bailaque, acusado de vínculos con el narcotráfico en la ciudad de Rosario. Está acusado en tres causas. Acorralado por las denuncias, presentó su renuncia a fines de junio, aceptada por el presidente Javier Milei.
El abogado de Bailaque, Guillermo Zenklusen, había solicitado la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación en vez del nuevo sistema acusatorio. La Sala III de Casación, integrada por Carlos Mahiques (Presidente), Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky (Vocales), rechazaron el pedido, lo que implica una confirmación de la investigación en marcha.
Mahiques sostuvo que ese planteo resultaba una reedición improcedente de lo que ya había decidido Casación en dos oportunidades (el 19 de marzo y el 22 de mayo), cuando rechazó idéntico planteo realizado en esas oportunidades por Bailaque. De manera similar, fallaron Gemignani y Borinsky.
De qué se lo acusa a Bailaque
Bailaque se encuentra actualmente imputado por presunta comisión de múltiples delitos de gravedad y con prisión preventiva dictada por el Juzgado N°4 de Rosario y confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de la misma jurisdicción.
Entre otros delitos, al exjuez federal se lo acusa de: delitos de extorsión; concusión; prevaricato; abuso de autoridad; incumplimiento de deberes de funcionario público; falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal.
En detalle, el exjuez había presentado su renuncia el pasado 11 de junio, en medio de tres investigaciones internas y una causa penal en curso. La Comisión de Acusación del Consejo, presidida por el senador de Pro Luis Juez, había votado por unanimidad el dictamen acusatorio del Jury de Enjuiciamiento a llevarse a cabo – que fuera elaborado por el diputado Álvaro González y el abogado consejero Alberto Maques -, en donde se detallaban una serie de hechos que, a criterio de los acusadores, configuran mal desempeño, falta de integridad, transparencia e imparcialidad por parte de Bailaque.
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Al exjuez federal se lo acusa de: delitos de extorsión; concusión; prevaricato; abuso de autoridad; incumplimiento de deberes de funcionario público; falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal.
MTD
El primer señalamiento apunta a su actuación en expedientes relacionados con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. A pesar de que su contador era Gabriel Mizzau – quien también llevaba las finanzas de Alvarado – y de que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en los casos que involucraban al narco. Por el contrario, obstaculizó pruebas clave, como intervenciones telefónicas, y dilató procesos judiciales fundamentales.
El segundo cargo se refiere a una supuesta maniobra de extorsión contra el empresario Claudio Iglesias. Según la denuncia, el financista Fernando Whpei – íntimo del juez – y el exjefe de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna (quien declaró como arrepentido), habrían participado en el armado de una causa judicial para exigirle una coima de u$s200.000 a cambio de archivar la investigación.
El tercer hecho cuestionado involucra el presunto desvío de fondos públicos de una cooperativa de estibadores que estaba intervenida por la Justicia. Parte de ese dinero habría terminado en la mutual Grupo Unión, una entidad manejada por Whpei. A pesar de sus vínculos personales con los involucrados, Bailaque no se apartó del expediente y benefició a su entorno cercano.