La reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales federales de Comodoro Py volvió a colocar en el centro de la escena la denominada “causa Cuadernos”, uno de los expedientes más emblemáticos por presunta corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La ex mandataria se presentó para ejercer su defensa en el juicio oral, en el que está acusada de integrar una asociación ilícita destinada, según la acusación, a recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos estatales.
La investigación se originó a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien detalló en cuadernos una presunta operatoria de traslados de dinero desde empresarios hacia funcionarios del Ministerio de Planificación. A partir de esos escritos, la Justicia reconstruyó un sistema que, según fiscales, funcionó durante años mediante pagos ilegales vinculados a la adjudicación de obra pública. “Nunca existieron los hechos que se me imputan”, sostuvo Kirchner ante el tribunal, al rechazar de plano las acusaciones.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el mecanismo consistía en la recaudación sistemática de dinero en efectivo que era entregado en bolsos y trasladado a distintos destinos, entre ellos dependencias oficiales y domicilios particulares. La acusación sostiene que ese circuito era coordinado desde las más altas esferas del poder político. “Esto no es un juicio, es un dispositivo de persecución política”, afirmó la ex presidenta en su exposición, en línea con su estrategia de denunciar lawfare.
Entre los principales acusados figuran ex funcionarios clave de sus gobiernos, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, además de un amplio grupo de empresarios de la construcción. Varios de ellos se acogieron a la figura del arrepentido y declararon haber participado del esquema de pagos ilegales, lo que fortaleció la acusación judicial.
La causa fue impulsada inicialmente por el periodista Diego Cabot de La Nación, quien accedió a los cuadernos, y luego quedó en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción. Tras la muerte de Bonadio, el proceso avanzó hacia el juicio oral con un volumen probatorio que incluye testimonios, registros y pericias.
Durante su declaración, Kirchner insistió en cuestionar la validez de esas pruebas y el rol de los arrepentidos. “Armaron una causa sin pruebas, basada en fotocopias y presiones”, sostuvo, en referencia a uno de los puntos más controvertidos del expediente. También apuntó contra el funcionamiento del Poder Judicial: “La sentencia ya está escrita, no importa lo que digamos acá”.
La presencia de Kirchner en los tribunales también tuvo un fuerte impacto político, con militantes concentrados en las inmediaciones y un operativo de seguridad reforzado. En ese contexto, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue el accesorio que llevaba: una cartera de lujo Diorissima de la firma Dior, un modelo estructurado de cuero, líneas clásicas y acabado rígido que forma parte de las colecciones icónicas de la marca.
El modelo Diorissima se caracteriza por su diseño elegante, asas cortas y correa desmontable, pensado tanto para uso formal como cotidiano dentro del segmento premium. En el mercado internacional, este tipo de cartera suele ubicarse en un rango que oscila entre los 3.000 y 5.000 dólares, dependiendo del tamaño, material y edición, lo que la convierte en una pieza distintiva dentro del universo del lujo.
En redes sociales, la ex vedette y legisladora provincial santafesina, Amalia Granata, confirmó la marca y el modelo el accesorio. Sin embargo, algunos medios creyeron que se trataba de una cartera de la exclusiva casa francesa Hermes, que se estima un valor que quintuplica en costo al accesorio de Dior.
Más allá de lo anecdótico, el juicio contra la ex mandataria peronista avanza, la declaración de Kirchner reafirma la estrategia de confrontación con la Justicia y de politización del proceso, en un caso que continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el escenario político argentino.