Un fallo judicial confirmó una medida cautelar que deja sin efecto el decreto que suspendía la aplicación de la ley. El Poder Ejecutivo debe actualizar salarios y recomponer becas estudiantiles.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avaló este martes una medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, confirma una resolución previa que había dejado sin efecto de manera provisoria el decreto del Gobierno que suspendía la implementación de la norma.
La ley 27.795, ratificada por el Congreso tras un veto presidencial, establece la actualización de los sueldos de docentes y no docentes de universidades nacionales, así como la recomposición de las becas estudiantiles. El conflicto judicial se originó cuando el Ejecutivo subordinó su ejecución a la disponibilidad de recursos presupuestarios, lo que motivó acciones legales por parte de universidades y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Franco Bartolacci, presidente del CIN, calificó la decisión como «una excelente noticia para toda la comunidad universitaria» en un contexto que describió como «extremadamente delicado». Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, afirmó que «la justicia una vez más le dio la razón a las Universidades Nacionales» y señaló que el Poder Ejecutivo «debe dar inmediato cumplimiento» a los artículos correspondientes de la ley.
En su fundamentación, la Cámara consideró que la insistencia legislativa prevista en la Constitución obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la ley, sin margen para suspenderla mediante la invocación de una norma previa de igual rango. El tribunal incorporó el criterio de que una ley posterior sancionada por el Congreso puede desplazar válidamente a una anterior.