La Justicia Federal de La Plata procesó a cinco integrantes del clan familiar, que preside la ACTC, por un entramado societario que habría evadido cerca de $4.000 millones.
La Justicia Federal de La Plata procesó a cinco integrantes de la familia Mazzacane, vinculada a la organización del Turismo Carretera, por los delitos de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta. La investigación, iniciada en 2024, desarticuló un complejo entramado de empresas que habría permitido evadir el pago de casi $4.000 millones al fisco nacional.
Según el juez Alejo Ramos Padilla, los imputados –Hugo Héctor Mazzacane (79), presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC); su hijo Gastón (50), vicepresidente; Liliana Mónica Videla (74), esposa de Hugo; Juan Manuel Mazzacane (48), otro hijo; y un sobrino, Marcelo Oscar (50)– desempeñaron roles coordinados en un grupo económico-familiar destinado a la evasión.
El esquema orbitaba alrededor de la firma Quilmes Tolosa S.A., una distribuidora que no tiene relación con la histórica cervecera. La investigación reveló el uso de empresas «fantasma», un fideicomiso para canalizar fondos y un software de «contabilidad paralela» llamado «Chess/D-Plus» para ocultar hasta el 40% de la facturación real. Los bienes de la empresa se registraban a nombre de otras sociedades del grupo (como Maverick, MDNAJMM y CEAGA) para evitar embargos, en una maniobra de «titularidad fingida».
El fideicomiso «Quilbeb Sur» habría movilizado más de $4.400 millones, cuyo origen está bajo investigación. Además, se detectó una «inactividad bancaria deliberada» en las cuentas de la empresa principal desde 2014-2015.
El perjuicio fiscal fue estimado en $3.965.225.508. Los abogados defensores, del estudio de Alfredo Gascón Coti, apelaron la decisión, calificando el procesamiento como «una exageración» que «pone en riesgo la continuidad empresarial» y argumentando que se encuentran en trámite regularizaciones aceptadas por ARCA. El juez dictó falta de mérito para algunos montos de evasión simple que no alcanzaron el nuevo umbral de $100 millones establecido por la Ley 27.799.