A pesar de la tregua en los combates terrestres, los ataques informáticos contra plantas potabilizadoras y sistemas de control aéreo se intensificaron en la región, afectando a civiles y generando pérdidas millonarias.
Pese al alto el fuego y al cese momentáneo de las operaciones militares terrestres en Medio Oriente, la ofensiva informática contra plantas potabilizadoras y sistemas de control aéreo escaló en varios países. Según datos de la firma Check Point, grupos vinculados a Irán ejecutaron ataques con malware de borrado de datos contra servidores de la autoridad hídrica nacional de Israel. Por su parte, el sistema de control aéreo de Teherán sufrió una inyección de código que alteró los parámetros de las señales de los radares secundarios.
En las plantas potabilizadoras de la región de Galilea, los sensores detectaron niveles anómalos de cloro tras un acceso remoto no autorizado que vulneró los controladores lógicos programables. Los cortes de agua resultantes afectaron a 30.000 hogares en el sur de Israel durante ocho horas. La infraestructura civil se ha convertido en un objetivo recurrente para grupos no estatales con financiamiento encubierto, que buscan generar desestabilización social sin violar formalmente los tratados de paz.
La ofensiva digital provocó fallas sistémicas en la provisión de agua potable y en el monitoreo del tráfico aéreo. Estos eventos demuestran que la paz física no garantiza la seguridad de las redes informáticas que sostienen la vida urbana. La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) emitió una alerta sobre la vulnerabilidad de los protocolos de comunicación industrial que conectan bombas de agua a internet sin cifrado suficiente.
En el puerto de Haifa, la actividad de carga y descarga se detuvo por un ataque de ransomware. El costo económico de las reparaciones y el fortalecimiento de los cortafuegos en las centrales hidroeléctricas ascendió a 150 millones de dólares. Las infraestructuras críticas son blancos preferidos porque su parálisis genera un caos social inmediato y documentable, mientras que los agresores mantienen la negación plausible ante los organismos internacionales al no haber destrucción física directa.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu ordenó un aumento del presupuesto destinado a la protección de activos sensibles. El mandatario calificó los incidentes como una extensión de la agresión armada por medios tecnológicos no convencionales. Por su parte, Irán autorizó el despliegue de nuevas unidades de ciberguerra para proteger los centros de datos de la industria petrolera, que también reportó intentos de sabotaje en sus terminales de exportación.