A pesar del cese de las operaciones militares terrestres en Medio Oriente, los ataques informáticos contra plantas potabilizadoras y sistemas de control aéreo aumentaron en varios países, afectando a miles de hogares y generando un debate sobre la seguridad digital.
Pese al alto el fuego y al cese momentáneo de las operaciones militares terrestres en Medio Oriente, la ofensiva informática contra las plantas potabilizadoras y sistemas de control aéreo escaló en varios países. Los datos consolidados en el reporte de la firma Check Point confirmaron que grupos vinculados a Irán ejecutaron vectores de ataque mediante malware de borrado de datos contra servidores de la autoridad hídrica nacional de Israel. Por su parte, el sistema de control aéreo de Teherán sufrió una inyección de código que alteró los parámetros de las señales de los radares secundarios.
En las plantas potabilizadoras de la región de Galilea, los sensores detectaron niveles anómalos de cloro después de que un acceso remoto no autorizado vulnerara los controladores lógicos programables. En paralelo, los cortes de agua en distritos del sur de Israel afectaron a 30.000 hogares durante ocho horas. La infraestructura civil se transformó en el rehén preferido de los grupos no estatales que operan con financiamiento encubierto, logrando efectos desestabilizadores sociales sin violar formalmente los tratados de paz firmados.
La ofensiva digital provocó fallas sistémicas en la provisión de agua potable y el monitoreo del tráfico aéreo. Estos eventos demostraron que la paz física no garantiza la seguridad de las redes informáticas que sostienen la vida urbana. El grupo de respuesta de emergencia informática de los Estados Unidos, conocida como CISA, emitió una alerta sobre la vulnerabilidad de los protocolos de comunicación industrial que conectan las bombas de agua a internet sin cifrados suficientes.
En el puerto de Haifa, la actividad de carga y descarga se detuvo por un ataque de ransomware. El costo económico de las reparaciones y el fortalecimiento de los cortafuegos en las centrales hidroeléctricas ascendió a 150 millones de dólares. Las infraestructuras críticas son blancos preferidos porque su parálisis genera un caos social inmediato y documentable. Al no haber destrucción física directa, los agresores mantienen la negación plausible ante los organismos internacionales.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu ordenó un aumento del presupuesto destinado a la protección de activos sensibles. El mandatario calificó los incidentes como una extensión de la agresión armada por medios tecnológicos no convencionales. Por su parte, Irán autorizó el despliegue de nuevas unidades de ciberguerra para proteger los centros de datos de la industria petrolera, que también reportó intentos de sabotaje en sus terminales de exportación.