Juan Carlos Nieto, funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Mérida, enfrenta un expediente disciplinario por atender a ciudadanos sin cita previa y emitir certificados de prestaciones. El caso ha generado una protesta ciudadana y reabierto el debate sobre la atención presencial.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Mérida, Extremadura, ha abierto un expediente disciplinario al funcionario Juan Carlos Nieto por atender a usuarios sin cita previa y facilitar certificados de prestaciones cuando la oficina tenía huecos o ya había despachado a los usuarios citados. La medida ha activado una protesta ciudadana y ha reabierto el debate sobre el colapso de la atención presencial, según informó El Periódico de Extremadura.
La concentración convocada este miércoles ante la oficina de Mérida reunió a decenas de personas, luego de que el trabajador denunciara que la plantilla pasó de ocho o nueve empleados a cuatro y que algunos usuarios deben desplazarse más de 100 kilómetros para encontrar una cita disponible.
Según la Agencia EFE, la dirección del SEPE abrió el procedimiento por una supuesta falta grave ligada a la atención de usuarios sin reserva previa y a la expedición de documentos necesarios para tramitar ayudas sociales. Nieto sostuvo que esas actuaciones se producían solo cuando ya había atendido a las personas con cita o cuando quedaban huecos libres en la agenda diaria. En declaraciones a la cadena COPE, el empleado afirmó: “Cuando la oficina está vacía, intento asesorar. Para muchos, su único sustento es el subsidio”.
El pliego de cargos atribuye a Nieto desobediencia a los superiores por “no cumplir unas supuestas órdenes, unas instrucciones de que no se atienda a nadie sin cita previa”. También se le reprocha emitir certificados de prestaciones “con conocimiento de que ello no se ajusta a las directrices establecidas”, según recogió la COPE.
Nieto, de 56 años, acumula casi cuatro décadas en la Administración. En declaraciones a El País, afirmó: “Llevo casi 37 años trabajando en la administración y nunca había vivido una situación así”. El funcionario vinculó el expediente a un problema estructural del servicio y señaló que hace unos años la demora para obtener cita era de dos o tres días y que ahora algunos trámites pueden tardar semanas.
La situación se ha agravado con la reducción de personal en la oficina de Mérida y con la implantación del distrito único en la provincia de Badajoz, que obliga a algunos usuarios a acudir a oficinas alejadas de su lugar de residencia para completar gestiones básicas.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social trasladó a varios medios que el expediente “no se sustenta en la cuestión planteada, es decir, en la atención a personas usuarias sin cita previa”. Según el departamento, concurren “múltiples motivos” que no pueden hacerse públicos por confidencialidad y respeto a las garantías del procedimiento. Trabajo indicó que el expediente parte de la Inspección de Servicios y que será la Subdirección general de Recursos y Organización la que determine si se han cometido las presuntas irregularidades. El ministerio sostuvo que en la oficina de Mérida no se están produciendo retrasos ni en las citas ni en el reconocimiento de prestaciones.
Según El Periódico de Extremadura, Nieto respondió que el pliego de cargos recoge la atención sin cita y la emisión de certificados como base del procedimiento, y rechazó una posible acusación de negligencia por no reclamar documentos que, a su juicio, ya obran en poder de la Administración.
El funcionario expedientado podría enfrentarse a suspensión de empleo y sueldo y a un traslado forzoso. Mientras se resuelve el expediente, el caso ha sumado respaldo sindical y social. Campamento Dignidad y el Sindicato 25 de Marzo convocaron la concentración ante las dependencias del SEPE en Mérida, además de sumar apoyos de USO, Comisiones Obreras y trabajadores del Servicio Extremeño de Empleo.
Durante la protesta, según El Periódico de Extremadura, Nieto salió durante su media hora legal de descanso, agradeció el apoyo recibido y declaró: “No es caridad, es hacer mi trabajo”. También mencionó que, desde la apertura de la oficina a las nueve de la mañana, el centro había estado “prácticamente todo el rato vacía”, con dos funcionarios disponibles. Si la falta grave prospera, podría enfrentarse a una suspensión de empleo y sueldo o a un traslado forzoso a otra localidad. El procedimiento sigue abierto y la decisión final corresponderá, según el Ministerio de Trabajo a El País, a la Subdirección general de Recursos y Organización.