El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea cumple 20 años. Redujo a la mitad las emisiones de los sectores más contaminantes y recaudó 260.000 millones de euros, sin frenar el crecimiento económico. Ahora se expande a nuevos sectores.
BRUSELAS.– En 12 años, el mercado de carbono de la Unión Europea recaudó 260.000 millones de euros y redujo a la mitad las emisiones de los sectores más contaminantes del continente, sin frenar el crecimiento económico. Ese doble resultado —menos carbono, más PBI— es el argumento central con el que la UE defiende su apuesta más ambiciosa para llegar a la neutralidad climática en 2050.
El sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) funciona desde 2005. La lógica es directa: las empresas de ciertos sectores —generación eléctrica, industria manufacturera y aviación— deben comprar derechos para poder emitir dióxido de carbono. Cada derecho equivale a una tonelada. El sistema fija un tope total que se reduce año a año, lo que encarece progresivamente contaminar y obliga a las empresas a planificar su descarbonización con horizonte claro.
“Saben cuál va a ser el tope durante la próxima década y de qué manera se va a reducir. Tienen un cronograma para las inversiones”, explicó un funcionario europeo ante periodistas latinoamericanos en esta ciudad, en el marco del proyecto EU Climate Dialogues 2 (EUCDS 2), financiado por la UE.
Hoy el mercado de carbono cubre el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Desde 2024 incorpora gradualmente al transporte marítimo. Y a partir de 2028 entrará en vigor un segundo sistema para edificios, transporte terrestre y combustibles de industrias de bajas emisiones: los sectores donde la descarbonización avanzó más lento porque hasta ahora no estaban alcanzados por el esquema. Esa expansión viene acompañada del Fondo Social para el Clima, diseñado para amortiguar el impacto en hogares y empresas vulnerables.
El sistema también generó el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, conocido como CBAM por sus siglas en inglés: un instrumento que fija un precio al carbono incorporado en bienes importados al mercado europeo, para evitar que las empresas trasladen su producción a países con menos exigencias y eludan así el costo del sistema —lo que en el sector se llama “fuga de carbono”—.
La UE sintetizó seis lecciones que aprendieron del mercado de carbono en los últimos 20 años. Primero, la integridad de los datos: sin monitoreo transparente y verificable, el sistema no funciona. Segundo, el tope debe alinearse con los objetivos climáticos y reducirse de forma predecible. Tercero, el principio de que el contaminador paga —no los presupuestos públicos ni los ciudadanos—. Cuarto, flexibilidad: el sistema tiene una reserva de estabilidad para absorber shocks de precios. Quinto, equidad en el diseño. Sexto, que los ingresos se reinviertan en la transición: desde 2023, los estados miembros deben destinar el 100% de lo recaudado a objetivos climáticos.
Las tensiones existen. Las industrias europeas argumentan que el precio actual del carbono —en torno a los 80 euros por tonelada— daña su competitividad frente a China y Estados Unidos. La UE lo reconoce, pero lo acota: “Es solo un factor muy pequeño en el costo que tienen, pero es políticamente muy sensible”, dijo una fuente comunitaria. Del otro lado, los sectores que ganan con la transición —energía solar, eólica, vehículos eléctricos, bombas de calor— comenzaron a defender el sistema con más fuerza.
La meta tiene respaldo legal: la ley europea del clima obliga a reducir las emisiones al menos 55% para 2030 respecto de 1990. Una enmienda reciente elevó ese piso al 90% para 2040, con posibilidad de cubrir hasta un 5% con créditos internacionales de otras regiones, incluida América Latina.