El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una apelación para que la Ley SB-4 entre en vigor completa, luego de que un juez federal suspendiera varias disposiciones. La norma penaliza el cruce ilegal de la frontera y autoriza a la policía estatal a detener a sospechosos.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una apelación ante una corte para que la Ley SB-4 entre plenamente en vigor, luego de que un juez federal suspendiera varias de sus disposiciones. También solicitó la suspensión de la orden judicial mientras se resuelve la apelación, con el objetivo de que la ley pueda aplicarse en su totalidad.
“Presento la apelación para que se respete plenamente la Ley SB-4 y se proteja la soberanía de Texas”, declaró Paxton al Heraldo de Juárez. “La Ley SB-4 penaliza la entrada ilegal (de migrantes) y esa parte sigue plenamente vigente. Mi apelación busca garantizar que también se puedan hacer cumplir las prohibiciones de reingreso ilegal. Texas tiene derecho a defender su frontera. Nunca dejaré de luchar por ese derecho”, agregó.
Aprobada en 2023 por el Congreso de Texas, la ley convierte el cruce ilegal de la frontera entre México y Texas en un delito estatal y autoriza a la policía a detener a personas sospechosas de ingresar de manera irregular. Además, contempla que jueces estatales ordenen la salida de Estados Unidos hacia México de quienes han sido condenados por ingreso ilegal, en lugar de procesarlos solo bajo las leyes federales.
El 15 de mayo de 2026, según las disposiciones reglamentarias, la ley debía entrar en vigor. Pero un día antes, el juez federal de distrito David Alan Ezra suspendió varias secciones de la norma.
El juez Ezra consideró que algunas disposiciones invaden facultades exclusivas del gobierno federal. En su resolución señala que sería “inverosímil” imaginar que cada uno de los 50 estados establezca y aplique su propia política migratoria. La disputa legal sobre la Ley SB-4 permanece como uno de los principales enfrentamientos entre el gobierno de Texas y autoridades federales sobre control migratorio y seguridad fronteriza.
Grupos defensores de derechos civiles, entre ellos la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Texas Civil Rights Project, promovieron la demanda argumentando que la legislación es inconstitucional y podría derivar en perfilamiento racial. Las organizaciones también señalaron que no contempla excepciones claras para personas con procesos migratorios pendientes o con permisos federales de permanencia en Estados Unidos.
Según informó ACLU, el juez federal de distrito David Alan Ezra bloqueó cuatro secciones de la controvertida ley:
- Delito de reingreso: podía aplicarse incluso a personas que hubieran vuelto legalmente a Estados Unidos o que luego obtuvieran un estatus migratorio válido, como una Green Card.
- Jueces estatales: la facultad de jueces magistrados estatales para emitir órdenes de deportación.
- Endurecimiento: la criminalización de quienes no obedecieran esas órdenes de expulsión.
- Judicializar: la obligación de continuar procesos judiciales aun cuando la persona tuviera un caso migratorio pendiente ante autoridades federales.
En tanto, el fallo de Ezra dejó en pie la disposición vinculada al ingreso irregular desde México hacia Texas, que comenzó a regir el 15 de mayo. Pero sugirió que esa parte de la ley enfrenta cuestionamientos constitucionales similares al resto de la normativa.
Charley Wilkison, exdirigente del sindicato policial más grande de Texas, advirtió a Houston Chronicle que la entrada parcial en vigor de la ley podría incentivar a algunos agentes a endurecer acciones contra inmigrantes. “Si alguien estuvo esperando esta oportunidad, ahora podría sentir que tiene licencia para actuar”, afirmó.