El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) informó la sentencia contra Angel Paras Cruz Jr., de 82 años, por fraude de visas. Deberá cumplir detención domiciliaria, pagar una multa y restituir a las víctimas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) informó el 29 de junio la sentencia contra Angel Paras Cruz Jr., de 82 años, en Saipán, Islas Marianas del Norte. El hombre fue sentenciado a tres años de probation, con la condición de cumplir 12 meses de detención domiciliaria por fraude de visas. Además, deberá cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa de 15.000 dólares, US$300 por evaluación especial y US$28.273 en restitución para las víctimas.
Entre agosto de 2023 y enero de 2024, Cruz llevó a seis trabajadores de la República de Filipinas a las Islas Marianas del Norte bajo el Programa de Visa de Trabajador Transicional Exclusivo de CNMI (CW-1). Según comunicó la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para los Distritos de Guam y las Islas Marianas del Norte, el hombre proporcionó datos falsos y engañosos a los solicitantes, al Uscis y al Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL). Los datos se referían a salarios, horarios, compensación y tareas laborales.
La Oficina del Fiscal señaló que Cruz no respetó los contratos ni la información presentada en los formularios I-129CW. En cambio, usó el “miedo” y la “intimidación” para exigir jornadas superiores a 40 horas semanales, noches y fines de semana sin pago. Las fuentes oficiales indicaron que los seis trabajadores fueron obligados a vivir en condiciones inseguras y degradantes. La acusación también sostuvo que Cruz confiscó pasaportes y documentos personales de algunos empleados.
Las autoridades del Uscis describieron que el acusado recurrió a información falsa ante el gobierno para cubrir su conducta fraudulenta y abusiva. La sentencia incorporó la restitución de US$28.273,31 para las víctimas. El fiscal Shawn N. Anderson afirmó que el Departamento de Justicia combatirá “cualquier abuso del programa CW-1” y sostuvo que los empleadores deberán rendir cuentas cuando exploten a trabajadores extranjeros legales.
El Uscis indicó que prestó asistencia durante más de un año a las autoridades encargadas de la investigación. En la revisión trabajaron oficiales de inmigración de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del organismo. El caso también fue investigado por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado (DSS), con asistencia de la Oficina Residente de Honolulu, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Saipán y el Uscis.
En ese marco, el vocero del Uscis, Zach Kahler, remarcó que mediante “cooperación y coordinación interagencial” las autoridades pudieron responsabilizar al acusado. Por su parte, CJ Ammons, agente especial interino a cargo de HSI, señaló que la sentencia reafirma el compromiso del organismo de identificar y desarticular grupos que explotan sistemas comerciales, de viaje y financieros de Estados Unidos. También remarcó la necesidad de que quienes violan la ley sean responsabilizados.
Stephen F. Zagami, agente residente a cargo de la oficina de Honolulu del DSS, vinculó el caso con la protección de documentos de viaje y el bienestar de quienes dependen de ellos. El funcionario afirmó que la condena envía un mensaje disuasorio contra quienes abusan del sistema de visas para aprovecharse de trabajadores vulnerables.