La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó una actualización de su reglamento de seguridad para los comicios del 4 de octubre de 2026, asignando a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la seguridad interna en los locales de votación.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó una actualización a su reglamento de seguridad para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebrarán el próximo 4 de octubre. La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N° 000109-2026-JN/ONPE.
El nuevo protocolo asigna a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) la responsabilidad de la seguridad interna en los centros de votación, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el resguardo externo y el control del orden público. Según el documento, la Secretaría General de la ONPE, a través de la Oficina de Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional, coordinará estos esfuerzos con el Comando Conjunto de las FF.AA. y la PNP, ajustando el número de efectivos de acuerdo con el mapa de riesgo de cada región.
Durante procesos anteriores, la PNP se encargaba tanto de la vigilancia interna como externa de los locales de votación, mientras las FF.AA. actuaban principalmente en apoyo logístico y en zonas de difícil acceso. Con el nuevo enfoque, los militares tendrán un papel activo dentro de los recintos, resguardando tanto al personal como al material electoral, mientras que la Policía se enfocará en el perímetro, la protección de sedes institucionales y el mantenimiento del orden.
El reglamento actualizado contempla estándares más estrictos de vigilancia en las sedes operativas de la ONPE y una reingeniería de los planes de contingencia para mitigar riesgos en zonas vulnerables. La redistribución de funciones busca asegurar la integridad del material electoral, la protección del personal y el respeto a la libertad de los ciudadanos habilitados para votar.
El despliegue del material electoral estará bajo custodia desde las centrales de la ONPE hasta los locales de votación y en el repliegue posterior hacia los centros de cómputo y sedes del Jurado Electoral Especial. El documento también reitera la protección especial para los miembros de mesa y personeros, quienes no podrán ser detenidos por ninguna autoridad desde 24 horas antes hasta 24 horas después de la votación, salvo en caso de flagrante delito. Esta garantía también ampara a los votantes durante el mismo periodo.
Se mantiene la prohibición del uso de celulares, cámaras fotográficas y de video dentro de las cámaras secretas, con el apoyo de la PNP y las FF.AA. para implementar la restricción. Las oficinas descentralizadas y regionales de la ONPE deberán coordinar permanentemente con las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de todas las disposiciones. La resolución ordena que su contenido sea puesto en conocimiento de las autoridades competentes, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el RENIEC, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, además de su publicación oficial en el diario El Peruano y en el portal institucional de la ONPE.
A menos de cien días de la jornada electoral, la ONPE enfrenta desafíos logísticos y financieros para garantizar la cobertura nacional de los comicios. La institución remarcó que aún se encuentra a la espera de la transferencia total de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), necesarios para la contratación de personal, la capacitación de actores electorales y la distribución del material a nivel nacional. La ONPE reiteró que los recursos consignados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) corresponden a obligaciones previas y compromisos legales, y no están disponibles para nuevas necesidades.