El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el 13 de julio la eliminación de varias consejerías y oficinas de la Casa de Nariño, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El analista político Jaime Andrés Wilches explicó que estos cambios son parte de la dinámica administrativa de la presidencia.
El 13 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la eliminación de varias consejerías y oficinas de la Casa de Nariño, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.
El jurista anunció que las funciones que desempeñaban estas dependencias serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, bajo el argumento de evitar duplicidades y sobrecostos institucionales. De la Espriella indicó que las agencias encargadas del seguimiento de derechos humanos y cumplimiento de compromisos internacionales también dejarán de existir como dependencias adscritas directamente al despacho presidencial.
El presidente electo aseguró que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final será desmontada y sus responsabilidades transferidas a una nueva figura, el Comisionado Nacional de Seguridad. Este cambio implica que la administración de la política relacionada con el posconflicto y el cumplimiento del acuerdo con las extintas Farc estará orientada desde una perspectiva de seguridad. Para ello, De la Espriella indicó que instruyó a su gabinete a desmontar todo esquema que propicie impunidad bajo procesos de paz, a lo que sumó críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Debido a los anuncios del mandatario electo, en diálogo con Infobae Colombia, el analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Andrés Wilches explicó que los anuncios de De la Espriella no afectan en nada la continuidad de la JEP.
“No está dando ningún mensaje porque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es una estructura administrativa de la presidencia. Él puede disponer sobre ella y puede incluso nombrarla de otra manera. Hace parte de una estructura administrativa. Al principio gritan y hay ultimátums, pero la realidad administrativa, institucional, normativa y territorial va asentando a los presidentes en ese proceso que suele llamarse el año de aprendizaje”, declaró Wilches.
Para el experto, este tipo de modificaciones administrativas responde a la dinámica propia de la Casa de Nariño y ha sido frecuente en distintos gobiernos. “Es un elemento muy común porque esas oficinas hacen parte de la estructura administrativa de la Presidencia de la República”, detalló el analista, que recordó que Gustavo Petro cambió el nombre de lo que hoy se conoce como la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización. “Son cambios de estructura que se van diseñando en el manual de funciones y que están respaldados por las estructuras administrativas del Ejecutivo”.
Respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Wilches considera que se trata de una de las institucionalidades más importantes que han sido creadas en el país, puesto que ha permitido recopilar memoria sobre el conflicto armado y promover “una reflexión social colectiva sobre los procesos que han acaecido en los usos y abusos de la guerra”. Sobre la continuidad de la JEP, aseguró que, aunque el mandatario electo no esté de acuerdo, mediante ella “se han conocido en detalle y a través de declaraciones públicas, actos que en otras instancias hubieran sido invisibilizados o acallados por sectores poderosos”.
Wilches subrayó que las audiencias y el reconocimiento de los daños a la población civil han evidenciado que la paz requiere un proceso prolongado y complejo, más allá de la firma de un acuerdo, y habló de las críticas que ha recibido la JEP en los últimos años. “Es una institucionalidad que quedó protegida por la Constitución de 1991. Ni el gobierno de Abelardo de la Espriella ni ningún otro pueden eliminarla de tajo, pues sería necesario un proceso de reforma constitucional que pasaría por el Congreso”.
Finalmente, el experto mencionó tres aportes clave de la JEP: la construcción de memoria, el equilibrio en el juzgamiento de actores armados ilegales y estatales, y la incorporación de profesionales de diversas disciplinas para el análisis del conflicto. Según Wilches, “la JEP ha sido una de las instituciones que más ha logrado vincular profesionales preparados de distintas áreas, lo que permite entender mejor la función social y el proceso de reconciliación en Colombia”.