El presidente Javier Milei firmó la suspensión del decreto 690/2026, que modificaba la actividad de los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos, pasos y canales del país, tras un acuerdo con el sector que incluyó la reactivación del servicio y la creación de una mesa intersectorial.
El presidente Javier Milei firmó la suspensión del decreto 690/2026, que modificaba la actividad de los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos, pasos y canales del país. La medida se tomó luego de que el Gobierno y los representantes del sector de practicaje alcanzaran un acuerdo en el que se estableció como medida principal la suspensión del mencionado decreto.
En la conversación del martes por la tarde también se acordó la reactivación inmediata del servicio, la creación de una mesa intersectorial para redactar una nueva reglamentación y una reducción del 20% en las tarifas vigentes de practicaje y pilotaje.
Esta madrugada se publicó en el Boletín Oficial el decreto 716/2026, con la firma del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El texto suspende los efectos del Decreto N° 690 del 30 de julio de 2026 y ordena: “Restitúyese, durante dicha suspensión, la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por dicho decreto”.
Además, se creó una Mesa de Trabajo “integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), por un lado; y representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje, por otro lado, con el objeto de lograr los consensos necesarios”. Esta mesa deberá definir en las próximas semanas el cronograma y la metodología para avanzar en la elaboración del nuevo reglamento.
Mediante el artículo tercero, los funcionarios dejaron por escrito que “adoptarán las acciones necesarias para atender la situación que motiva el presente decreto y para garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje”.
El conflicto comenzó a raíz del decreto 690/2026, que buscaba reducir los costos portuarios y aumentar la competencia. Los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país suspendieron sus funciones, lo que dejó casi 200 buques varados en los puertos y una pérdida de aproximadamente USD 100 mil diarios. La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a más de 500 trabajadores a retomar el servicio mediante un edicto oficial que advertía sobre sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales.
La interrupción del servicio tuvo consecuencias directas sobre el tráfico fluvial y portuario, dado que su prestación es obligatoria en determinadas zonas de navegación bajo la Ley N° 20.094 de Navegación. El Gobierno decidió dar marcha atrás al detectar las pérdidas millonarias que generaba la medida. Cuatro días pasaron desde el inicio del reclamo, que comprometía contratos externos y el abastecimiento hacia la Patagonia sur.