El Estado moderno se construyó sobre la base de censos, registros y estadísticas. La incorporación de inteligencia artificial introduce un cambio en la forma en que el Estado produce conocimiento y toma decisiones, con implicancias para la democracia y los derechos ciudadanos.
La administración estatal se ha basado históricamente en instrumentos como censos, registros civiles, catastros y estadísticas para conocer a la sociedad y planificar políticas públicas. Esa capacidad de hacer legible el territorio y la población fue descripta por el sociólogo Max Weber como un pilar del Estado contemporáneo y por el politólogo James C. Scott como una condición para gobernar.
La incorporación de inteligencia artificial a la gestión pública introduce un cambio en esa dinámica. Según señalan organismos como la OCDE y la UNESCO, estas tecnologías se han convertido en un componente creciente de la transformación digital del sector público, al tiempo que advierten sobre la necesidad de garantizar transparencia, supervisión humana y protección de derechos.
En países como Estonia, la administración pública está prácticamente digitalizada y permite prestar la mayoría de los servicios en línea. Singapur utiliza sistemas predictivos para planificar políticas urbanas y de movilidad. En distintos países europeos, herramientas de inteligencia artificial colaboran en la administración tributaria, la gestión documental, la salud pública y la detección temprana de riesgos.
El filósofo Langdon Winner sostuvo que los artefactos tecnológicos poseen una dimensión política porque condicionan la forma en que una sociedad organiza el poder. Investigadoras como Cathy O’Neil y Virginia Eubanks documentaron en sus libros cómo los algoritmos pueden reproducir desigualdades cuando aprenden de datos incompletos o sesgados.
Luciano Floridi, director del Laboratorio de Ética Digital del Instituto de Internet de Oxford, señaló que la revolución de la IA no transforma únicamente las herramientas con las que se decide, sino el entorno en el que esas decisiones se producen. La encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV, plantea un interrogante similar: qué decisiones nunca deberían dejar de ser humanas.
En la Argentina, organismos nacionales, provinciales y municipales comenzaron a incorporar herramientas de inteligencia artificial para asistir tareas administrativas, analizar grandes volúmenes de información y mejorar la prestación de servicios públicos.
El debate sobre el uso de IA en el Estado no se limita a la eficiencia operativa. Involucra la definición de reglas para su incorporación, los mecanismos de auditoría y la garantía de que las decisiones públicas sigan siendo comprensibles, revisables y políticamente responsables.