Nueve hombres fueron detenidos en Villa de María de Río Seco acusados de grooming y abuso sexual contra tres adolescentes. Entre ellos, José Villarreal, asesor del legislador Ernesto Ramón Flores en la Unicameral de Córdoba.
Nueve hombres fueron detenidos y trasladados a la cárcel de Cruz del Eje, acusados de someter sexualmente a tres adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba. La causa está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, y tuvo un punto de inflexión hace 10 días, cuando se ordenaron las primeras imputaciones y detenciones.
Entre los detenidos se encuentra José Villarreal, vinculado como asesor del legislador departamental de Río Seco por el PJ, Ernesto Ramón Flores. El propio legislador reconoció públicamente haberlo incorporado como asesor y declaró que, apenas enterado de la detención, solicitó su baja. Sin embargo, al consultar el portal oficial de Empleados Contratados, Villarreal continúa figurando en el listado.
Quién es Villarreal y su vínculo con la Legislatura
Según el portal de Datos Abiertos de la Unicameral, Villarreal había sido designado asesor del legislador Ernesto Ramón Flores, un dirigente con presencia en el norte provincial, oriundo de Villa de María de Río Seco, donde tiene un hotel y un campo. Fuentes de la investigación indicaron que, además de su cargo legislativo, Villarreal se desempeñaba como empleado particular en los emprendimientos de Flores.
En la última nómina oficial de personal contratado, correspondiente a mayo de 2026, Villarreal figura vinculado al despacho de Flores. Sin embargo, el legislador dio versiones distintas según el medio consultado.
A Cadena 3, Flores admitió el vínculo laboral: «Trabajaba con nosotros. A partir de que pasó esto, el día 31, llamé a Córdoba solicitando la baja del chico que estaba a cargo nuestro aquí en el departamento. Hacía tareas de asistencia en la zona ante necesidades como inundaciones o entrega de insumos». Sobre las funciones de Villarreal, agregó: «Su función era territorial, sobre todo en las zonas grises».
El legislador también sostuvo que Villarreal había presentado en su momento un certificado de antecedentes sin registros punibles, y expresó: «Nos conocemos todos en el pueblo, somos 7.000 habitantes. Cuando nos enteramos solicitamos la baja urgente hasta que se esclarezca todo».
En cambio, consultado por La Voz, Flores ofreció una versión diferente: aseguró que Villarreal no integraba su equipo personal de asesores, sino que había sido contratado para tareas en la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba, y que ya no se desempeñaba como asistente legislativo al momento de conocerse el caso. «Fue empleado del bloque, pero ya no está vinculado. No era empleado mío, sino del bloque», afirmó. Fuentes del propio bloque PJ señalaron, por su parte, que Villarreal sí respondía a la nómina de asesores de Flores, aunque coincidieron en que su contrato había finalizado antes de conocerse la causa.
Cómo se destapó el caso
La investigación se inició a partir de la denuncia de una madre por la desaparición de su hija de 13 años. La geolocalización del teléfono celular de la joven permitió determinar que se encontraba en un domicilio de Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero, a unos 80 kilómetros de su casa.
Cuando la comisión policial llegó al lugar, encontró a la adolescente y a una amiga de la misma edad junto a un hombre de 60 años. A partir de ese hallazgo, la fiscalía reconstruyó una trama en la que un grupo de hombres, la mayoría remiseros, se habría aprovechado durante meses de la vulnerabilidad de las dos jóvenes y de una tercera de 14 años, a las que ofrecían dinero y otras dádivas, como paseos a caballo.
De los nueve detenidos, algunos están acusados de abuso sexual con acceso carnal y grooming, mientras que otros responden solo por la figura de grooming. Según la reconstrucción judicial, el contacto inicial con las menores se habría dado a través de redes sociales y servicios de mensajería, y algunos sospechosos habrían usado vehículos de transporte informal para trasladarlas.
Qué dice la fiscal sobre la mecánica del caso
La fiscal Cepede explicó por qué la causa permanece en la Justicia provincial y no pasó al fuero federal: «No tenemos un modus operandi con un regenteo. Acá no hay una organización o alguien que se encargaba de captar a estas chicas. Lo que hasta ahora pudimos determinar es que estas personas compartían el mismo oficio de ser remiseros o transportistas y que quizás entre ellos mismos iban pasando el dato, sin sacar un provecho económico de ese traspaso de información».
El caso se suma a una serie de investigaciones que en los últimos meses involucraron a funcionarios, empleados o asesores públicos vinculados al PJ cordobés. En enero de 2025 se conoció el caso de la empleada «fantasma» de la Legislatura, Virginia Martínez, quien cobraba un sueldo como asesora sin haber trabajado ni firmado contrato, en una maniobra en la que están imputados el dirigente Guillermo Kraisman y la empleada estatal Luciana Castro.
En mayo último fue detenido el becario municipal Claudio Barrelier, vinculado al dirigente Ricardo Moreno, acusado del femicidio de Agostina Vega, de 14 años. Barrelier había ingresado a trabajar en la Municipalidad de Córdoba en 2021 y, pese a haber estado 20 días preso en 2025 por privar de la libertad a una joven, continuó en funciones hasta su captura por el femicidio.
Otro caso reciente involucra a Carlos Saavedra Paredes, quien tras cumplir una condena de casi diez años por asalto y venta de drogas, obtuvo un doble empleo público —como servidor urbano en un CPC de la ciudad de Córdoba y en la Senaf provincial— y fue detenido en noviembre por circular con un carnet de conducir falso, lo que derivó en el hallazgo de certificados de antecedentes penales adulterados. La pesquisa, a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger, derivó en la imputación de Fernando Rubén Romero, empleado de Epec y también con antecedentes penales por narcotráfico, señalado como presunto «gestor» de documentación falsa.