La Secretaría de Trabajo registró 153 procedimientos preventivos de crisis entre enero y el 23 de julio de 2026, según datos oficiales obtenidos por Ámbito. La cifra supera los niveles de 2018 y 2019 y se acerca a los valores previos a la pandemia.
La Secretaría de Trabajo contabilizó 153 procedimientos preventivos de crisis iniciados entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública. Esta cifra implica un promedio de más de un trámite por día hábil en el período.
Según la misma fuente, desde el inicio del gobierno de Javier Milei se registraron 448 solicitudes: 131 en 2024, 164 en 2025 y 153 en lo que va de 2026. La serie histórica muestra que en 2015 se contabilizaron 33 casos, en 2016 fueron 55, en 2017 sumaron 63, en 2018 llegaron a 153 y en 2019 a 184. En 2020, el número cayó a 26, en 2021 a 24, en 2022 a 43 y en 2023 a 42.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es un mecanismo legal de mediación obligatoria que las empresas deben iniciar ante la Secretaría de Trabajo antes de ejecutar despidos o suspensiones masivas por razones económicas o de fuerza mayor. El objetivo es que las cámaras empresarias, los sindicatos y el Estado negocien alternativas como adelantos de vacaciones, reducción de jornadas o planes de retiro.
El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano afirmó que la evolución de los casos indica que “el diálogo social está dando el máximo” en un contexto de caída de empresas, retroceso de la actividad, falta de contratación y desvinculaciones. Consideró que el mecanismo “ya de por sí es bastante acotado para crisis extendidas a nivel sectorial” y agregó que “queda muchísimo más limitado para una situación como esta, que afecta prácticamente a toda la actividad económica y laboral del país”.
Datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indican que en mayo de 2026 se perdieron 6.791 puestos de trabajo registrados. Desde noviembre de 2023, la caída neta de asalariados registrados supera los 337.300, con trece meses consecutivos de retroceso.
La divulgación de esta información coincide con una serie de anuncios de despidos en distintas empresas: una alimenticia cerró su planta en Mendoza, Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores en Entre Ríos, un frigorífico en Mar del Plata, una firma de electrónica en Tierra del Fuego y una textil en Catamarca, entre otros.
En el pedido de acceso a la información pública, Ámbito también consultó por la cantidad de trabajadores afectados, los sectores con mayor número de empresas en crisis, la distribución geográfica y el detalle de despidos o suspensiones acordadas en cada caso. La Secretaría de Trabajo no respondió esos puntos y se amparó en el artículo 5 de la Ley 27.275, que exime de la obligación de “reprocesar o reclasificar” la información.