Por unanimidad, los jueces de la Corte Suprema de Justicia firmaron una acordada que encomienda al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo sobre el estado de salud de los internos penitenciarios. La medida alcanza a todos los detenidos, incluidos los condenados por delitos de lesa humanidad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, firmó la acordada 21/2026 en la que encomendó al Cuerpo Médico Forense (CMF) la confección de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.
El documento, al que accedió PERFIL, establece que el protocolo deberá ser elaborado en un plazo de 30 días corridos por el CMF, organismo que depende de la propia Corte. Una vez confeccionado, el máximo tribunal distribuirá el documento entre los jueces que atienden causas penales, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
Según la acordada, el protocolo deberá incluir los exámenes e informes médicos pertinentes para constatar el estado de salud de la persona, la verificación de las condiciones concretas de detención y la factibilidad de llevar a cabo el tratamiento indicado dentro del establecimiento penitenciario donde se aloja el detenido.
En el texto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti afirmaron que “el motivo del encarcelamiento no puede ser óbice para brindar al reo la atención que necesita, pues lo que está en juego es un principio elemental de humanidad”.
El universo de detenidos alcanzado por la medida incluye a los condenados por delitos de lesa humanidad. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hay 76 represores presos en cárceles, 58 de ellos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, mientras que otros 440 se encuentran en arresto domiciliario. Entre los que permanecen en prisión se encuentran Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Christian Federico von Wernich.
La acordada fue celebrada por organizaciones pro-militares que meses atrás presentaron un hábeas corpus para favorecer la salida de las cárceles de los presos por lesa humanidad. Por otra parte, fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py calificaron la medida como una “suelta de genocidas” y un “2×1 disfrazado”.