La Cámara Alta dio luz verde a 67 designaciones judiciales propuestas por el Ejecutivo, en su mayoría por unanimidad. La Oficina del Presidente calificó el resultado como un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura.
El Senado de la Nación aprobó este jueves 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno de Javier Milei, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta. La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel y comenzó pasadas las 11.
Según el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, con estas designaciones el Gobierno de Milei se convirtió en la gestión que más jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura, en 1994.
La mayoría de los pliegos fueron aprobados por unanimidad, con 66 votos afirmativos. La excepción fue la designación de Pablo Bertuzzi como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I, que recibió 44 votos a favor y 23 en contra. Durante el debate, el senador José Mayans, del bloque Justicialista, anticipó que su bancada acompañaría los pliegos, aunque se opondría específicamente a la designación de Bertuzzi.
Además de los nombramientos judiciales, el Senado aprobó por unanimidad cinco acuerdos internacionales, entre ellos tratados con Ucrania y Chile, el Tratado de Medellín sobre cooperación jurídica internacional y el Acuerdo de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur.
En el comunicado, la Oficina del Presidente destacó la tarea de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, a quien atribuyó la construcción de consensos con los distintos espacios políticos para alcanzar el acompañamiento necesario. También resaltó el trabajo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales.
El Gobierno agradeció el acompañamiento de los senadores de todos los bloques y señaló que la votación demuestra que es posible alcanzar acuerdos institucionales “por encima de las diferencias políticas” para garantizar el funcionamiento de la Justicia.