La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro detuvo a una banda dedicada a otorgar créditos informales con tasas que superaban el 100% mensual en el conurbano bonaerense. La modalidad, conocida como ‘gota a gota’, se expande en barrios populares de distintas provincias del país.
La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro detuvo a una banda que otorgaba créditos informales con tasas que superaban el 100% mensual en los partidos de Moreno, Caseros, El Palomar, Ituzaingó y General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. La detención se produjo en una operación que incluyó once allanamientos simultáneos ordenados por la fiscal Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne. La acusación formal incluye los delitos de asociación ilícita, usura, extorsión y amenazas.
La denuncia fue presentada por una víctima, cuya identidad se mantiene reservada, que había solicitado un préstamo de 250.000 pesos para la compra de alimentos y útiles escolares para su hijo menor. Según el testimonio, el prestamista habría proferido amenazas explícitas durante el proceso de cobro. La investigación se extendió durante varios meses hasta lograr la identificación de los integrantes de la red.
La modalidad conocida como ‘gota a gota’ consiste en el otorgamiento de créditos sin aval respaldatorio, con planes de pago que pueden ser diarios, semanales o mensuales. En muchos casos, los deudores no toman conocimiento del porcentaje de interés aplicado al momento de acordar la devolución del dinero. Esta operatoria se registra en barrios populares de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Salta y Mar del Plata.
De acuerdo con información oficial, estas redes de prestamistas ilegales suelen estar vinculadas al negocio del narcomenudeo, aunque no siempre la Justicia logra probar esa conexión. En algunos casos, el objetivo no es el cobro de la deuda sino la apropiación de bienes del deudor mediante amenazas y amedrentamientos. Motos, autos, electrodomésticos y viviendas son confiscados cuando los deudores no logran estar al día con los pagos.
En la actualidad, los prestamistas ilegales utilizan redes sociales para captar clientes, simulando ser financieras legítimas con nombres como ‘Planes Cred’. Publican mensajes que apelan a la esperanza y al esfuerzo, como ‘¿Querés progresar pero nadie te apoya?’ o ‘Cada emprendimiento empieza con un sueño, pero necesita apoyo para crecer. En Planes Cred confiamos en vos y en tu esfuerzo’.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, declaró que ‘se duplicaron los tiros en las piernas’ en relación con esta modalidad. También afirmó que este fenómeno no refleja una simple disputa de territorio entre narcotraficantes minoristas, sino que deriva de una actividad paralela vinculada a la venta de drogas: la usura y los préstamos ilegales.
En agosto de 2025, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló una banda que operaba en el sur del conurbano bonaerense, que otorgaba microcréditos con intereses del 300% mensual. Se incautaron millones de pesos, armas y vehículos de alta gama. En septiembre de 2025, en el marco de una investigación por homicidio, se descubrió que la víctima pertenecía a una banda que utilizaba la aplicación de pagos MercadoPago para otorgar créditos informales. Tras su muerte, sus cómplices le cortaron un dedo para acceder a su celular y continuar con la actividad.
La modalidad ‘gota a gota’ tiene su origen en Colombia, donde el narcotraficante Diego Murillo Bejarano, conocido como ‘Don Berna’, comenzó a prestar dinero proveniente del narcotráfico a familias de su barrio con el objetivo de lavar efectivo. Inicialmente, los intereses eran bajos o inexistentes. Con el tiempo, la modalidad se expandió a otros países de la región y los intereses aumentaron de forma significativa.
En Argentina, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) informó en 2018 sobre los riesgos de esta modalidad, calificándola como ‘usura’, un delito previsto en el artículo 175 del Código Penal, con penas de seis meses a cinco años de prisión.