El tribunal de la Segunda Circunscripción de La Rioja admitió formalmente un amparo colectivo contra EDELAR y concedió una cautelar parcial que impide cortes de suministro y mantiene valores tarifarios para los firmantes de Chilecito y Famatina.
La Justicia de la Segunda Circunscripción de La Rioja admitió formalmente un amparo presentado contra la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELAR) y concedió parcialmente una medida cautelar. La resolución impide interrumpir el suministro eléctrico a los usuarios que suscribieron el expediente y mantiene para ellos los valores tarifarios vigentes al momento de la presentación.
La medida alcanza a aproximadamente 200 personas de los departamentos de Chilecito y Famatina. Según informó la diputada provincial Gabriela Rodríguez, la protección no se extiende automáticamente al resto de los usuarios de la provincia, sino únicamente a quienes firmaron el amparo colectivo.
EDELAR es la distribuidora del servicio eléctrico en todo el territorio provincial y opera como una sociedad anónima unipersonal. La empresa informa que el Estado riojano recuperó en 2014 la mayoría del paquete accionario del holding que la controlaba. El pronunciamiento judicial involucra a una empresa vinculada a la política energética provincial, bajo la gestión del gobernador Ricardo Quintela.
El conflicto se originó por facturas que los vecinos consideraron de alto monto. En julio se realizaron reuniones públicas en Chilecito y en agosto más de 200 personas presentaron la acción judicial. El amparo solicitó retrotraer los valores tarifarios, impedir cortes por falta de pago y establecer facilidades de pago para los hogares afectados.
La diputada Rodríguez indicó que los usuarios reportaron ingresos mensuales de entre 200.000 y 400.000 pesos, frente a boletas de 600.000 o 700.000 pesos. Esas cifras fueron mencionadas por la legisladora y no constituyen una auditoría general de la facturación de EDELAR. La documentación individual fue incorporada al expediente por los firmantes del amparo.
La administración provincial había señalado que el precio de la energía se mantenía congelado y que parte del aumento respondía al mayor consumo invernal, a cambios nacionales en subsidios y a mayores costos de abastecimiento. El presidente de EDELAR, Jerónimo Quintela, declaró el 2 de septiembre que la tarifa provincial no había sufrido modificaciones desde abril y que el Estado absorbía los aumentos nacionales.
La admisibilidad formal del amparo no resuelve el fondo de la cuestión ni declara ilegal el cuadro tarifario general. La cautelar parcial produce un efecto inmediato sobre dos puntos: la continuidad del servicio y el valor aplicable a los usuarios firmantes. Los montos mencionados por la diputada no implican una declaración judicial sobre aumentos ilegales para toda la provincia.
La resolución establece que el grupo incluido en el expediente recibió protección específica frente a cortes y variaciones tarifarias respecto de los valores considerados al inicio de la acción. Unas 200 personas de Chilecito y Famatina quedaron alcanzadas por la medida cautelar.