Docentes y la comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires se movilizaron este martes 15 con clases abiertas y servicios gratuitos para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de fallos judiciales.
Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la comunidad universitaria llevaron a cabo este martes 15 una jornada de protesta en Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía, entre las 7 y la medianoche, para solicitar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de fallos judiciales que ordenan al Gobierno ejecutar la recomposición salarial.
La actividad incluyó clases públicas, actividades científicas y atención gratuita en especialidades como odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico, contable y orientación psicológica. Participaron los 13 decanos de las facultades de la UBA, quienes dictaron clases magistrales abiertas al público.
La Plaza de Mayo se transformó con la instalación de pupitres y pizarrones para simular aulas al aire libre, trailers para atención médica y odontológica, estudiantes con guardapolvos y filas de transeúntes que accedieron a los servicios gratuitos. Practicantes de Kinesiología enseñaron ejercicios para diversas dolencias.
Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de la UBA, declaró: «Lo que hacemos es una acción proactiva, visibilizar el reclamo y, al mismo tiempo, darle una mano a la gente que tiene poca atención».
El reclamo central es la pérdida salarial del personal docente durante la actual gestión. En la última reunión paritaria del 1° de septiembre entre el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y los gremios docentes y no docentes, no hubo acuerdo, ya que los gremios rechazaron el incremento del 3% ofrecido por el Gobierno. Los sindicatos sostienen que el retraso salarial alcanza el 40%, sumando la inflación de los últimos tres meses.
En junio, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo para que el Poder Ejecutivo haga efectiva la normativa, que implicaría un aumento salarial del 31% para docentes y no docentes de más de 60 universidades públicas. Hasta el momento, la Casa Rosada no acató la decisión del Máximo Tribunal, lo que derivó en paros de actividades de 24 horas en varias facultades durante el último mes.