El intendente de General Rodríguez, Mauro García, firmó decretos que declaran la falta de personal y maquinaria en Obras Públicas y autorizan una contratación directa con una cooperativa de Luján por 10 millones de pesos para tareas en tres barrios.
El intendente de General Rodríguez, Mauro García, formalizó que su Secretaría de Obras Públicas no contaba con personal ni equipamiento suficientes para atender tareas básicas en tres barrios y, sobre esa declaración, autorizó una contratación directa por 10 millones de pesos con una cooperativa radicada en Luján.
Según el expediente 4050-265.258/26, iniciado por el secretario de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, Luciano Larralde, se pidió declarar la “incompetencia” operativa del área para realizar el desmalezamiento de espacios públicos y la limpieza y rectificación de pluviales en Almirante Brown, Altos del Oeste y Güemes.
El Decreto 1.385, firmado por García y Larralde, dejó asentado que la cantidad de agentes municipales y la maquinaria disponibles resultaban insuficientes. La admisión puso por escrito una limitación de la estructura local para cubrir servicios elementales que inciden en el mantenimiento urbano y en la prevención de anegamientos.
La salida elegida por la gestión fue contratar de manera directa a Cooperativa de Trabajo Flor de Maceta LTDA, con domicilio legal en la ciudad de Luján. El Decreto 1.449 fijó un desembolso de 10 millones de pesos para las tareas en los tres barrios y fue encuadrado en la excepción prevista para cooperativas por el artículo 156, inciso 11, de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El procedimiento fue avalado por la Jefatura de Compras y la Contaduría municipal. Sin embargo, el texto publicado no estableció plazo de ejecución, duración del vínculo ni un cronograma que permitiera conocer cuándo debía comenzar y terminar la limpieza contratada.
La cooperativa ya tenía antecedentes de contrataciones con el mismo Municipio. Otro decreto oficial de 2026 le había adjudicado en forma directa 35 millones de pesos para el mantenimiento de espacios verdes en establecimientos educativos, también después de una declaración de falta de capacidad operativa del área municipal.
La legalidad de la vía excepcional no resuelve el cuestionamiento político: García administra la planta, la maquinaria y el presupuesto del distrito, pero su gestión volvió a reconocer que no podía prestar con recursos propios una tarea básica y eligió derivarla a una entidad de otro partido sin una competencia abierta de ofertas.
Tampoco se informó junto con los decretos un detalle público de cuadrillas, horas de trabajo, maquinaria a emplear o metas verificables por barrio. Sin esos datos y sin plazo contractual expreso, el control sobre el cumplimiento queda reducido al expediente interno y a la constatación posterior de las tareas.
Los decretos firmados por García dejaron dos decisiones consumadas: el reconocimiento oficial de la insuficiencia operativa del área municipal y la adjudicación directa de $10 millones a una cooperativa de Luján.