El gobernador Gustavo Melella remitió a la Legislatura un proyecto de financiamiento educativo con trámite de urgencia. Si el cuerpo no lo rechaza en 30 días, quedará sancionado sin votación afirmativa.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, envió a la Legislatura provincial un proyecto de financiamiento educativo con pedido de trámite de urgencia, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La iniciativa fue registrada como Asunto 519/26 y remitida por el Poder Ejecutivo.
El mecanismo, previsto en el artículo 111 de la Constitución provincial, establece que si la Legislatura no rechaza el proyecto dentro de los 30 días desde su recepción, el texto se considera aprobado sin necesidad de una votación afirmativa expresa.
El proyecto incorpora recursos tributarios y utilidades de empresas estatales. Entre sus puntos, fija un adicional del 3 por ciento de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego, para el cual se elimina una exención del Código Fiscal. También establece una alícuota del 3,4 por ciento para una actividad vinculada con la distribución de gas natural.
El fondo podrá recibir, además, el 0,5 por ciento de la recaudación general de Ingresos Brutos —fuera del régimen general de distribución municipal—, hasta el 40 por ciento de los recursos adicionales que generen cambios de alícuotas, bases imponibles o revalúos del impuesto inmobiliario, y hasta el 10 por ciento del remanente distribuible de las empresas provinciales.
La administración de Melella presentó la propuesta como una solución de largo plazo luego de la emergencia salarial docente y del conflicto que mantuvo las aulas paralizadas durante semanas. El texto dispone que no menos del 50 por ciento del fondo se destine a salarios, al menos el 25 por ciento a mantenimiento, servicios e infraestructura, y un mínimo del 15 por ciento a equipamiento, tecnología y herramientas didácticas.
El legislador Matías Lapadula anunció que solicitará una sesión especial para retirar la urgencia. Cuestionó que un diseño destinado a regir durante varios ejercicios pueda sancionarse sin discusión en comisiones y advirtió que la mayor carga sobre el gas podría trasladarse a hogares, comercios y generación eléctrica. Esas consecuencias constituyen su posición política y todavía no una estimación oficial del impacto final.
El Ejecutivo, por su parte, sostuvo que los recursos tendrán afectación específica, serán adicionales a los fondos educativos existentes y permitirán avanzar en hasta cinco ejercicios hacia una inversión equivalente al 7,8 por ciento del Producto Bruto Geográfico provincial. Esa meta está condicionada en el propio proyecto por la evolución económica y la disponibilidad efectiva de recursos.