Siete personas murieron al precipitarse un helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto el 29 de julio de 2026. La caja negra fue enviada a Estados Unidos para su peritaje.
A dos meses de la tragedia aérea en San Juan, donde murieron siete personas, la investigación no ha establecido la causa del accidente. El helicóptero en el que viajaban brigadistas y funcionarios provinciales se precipitó a tierra en el interior del Parque Provincial Ischigualasto, en la zona denominada Quebrada de La Chilca.
«Hasta el momento, la investigación no ha establecido una causa determinada del accidente. Las medidas dispuestas y en curso tienen como objetivo reconstruir la trayectoria de la aeronave y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro», informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
La investigación tramita ante el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo del fiscal general Francisco Maldonado y con la intervención de la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc.
El hecho ocurrió la mañana del miércoles 29 de julio de 2026. La aeronave, un Bell Helicopter modelo 412 EP, matrícula LV-KGR, propiedad de la empresa JASFLY S.A., había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para prestar funciones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El helicóptero había despegado del Aeroclub de Pocito con destino a San Agustín de Valle Fértil, donde estaba prevista una jornada de capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.
El accidente provocó la muerte de los siete ocupantes: el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela, de 53 años; el director de Protección Civil de San Juan, Dante Carlos Heredia, de 55; el jefe de la Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, Rodolfo Rubén Castro, de 52; el segundo jefe de esa dependencia, Jorge Carlos Carbajal, de 50; los bomberos voluntarios y agentes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego Andrés Damián Bosch, de 47, y Rodrigo Sebastián Aimetta, de 43, y el subjefe de la Policía de San Juan, el comisario general Marcelo Germán Videla, de 52.
El sitio del impacto se encuentra en la Quebrada de La Chilca, dentro del Parque Provincial Ischigualasto, y presenta dificultades para su acceso. Desde la entrada del parque fue necesario recorrer aproximadamente 23 kilómetros en vehículos 4×4 y luego otros ocho kilómetros a pie. Los primeros rescatistas llegaron cerca del anochecer y se montó un campamento en las inmediaciones para mantener la custodia durante la noche y continuar las tareas al día siguiente.
La División Fotografía y Planimetría del Departamento de Policía Científica realizó un informe técnico que incluyó un croquis de geolocalización, mediciones y fotografías del lugar del hecho.
Por su parte, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) intervino en las tareas y recuperó entre los restos de la aeronave el registrador combinado de datos de vuelo y voces de cabina, que presentaba daños severos provocados por el impacto.
El lugar del impacto fue determinado a partir de las coordenadas indicadas en la alerta emitida por el helicóptero. El primer vuelo que logró localizar la aeronave permitió establecer que no había sobrevivientes. Las distintas fuerzas convocadas se constituyeron en el lugar para realizar las diligencias y labores periciales correspondientes, que continuaron durante el día siguiente.
Los cuerpos fueron extraídos del lugar, identificados y trasladados en helicóptero hasta el ingreso del parque. Para completar el operativo fueron necesarios cuatro vuelos, ya que en cada traslado solo se podían transportar dos cuerpos. Luego fueron derivados a la Morgue Judicial.
Las autopsias y los estudios complementarios fueron ordenados por la Unidad Fiscal y realizados en la morgue de la provincia de San Juan, dependiente del Complejo Científico Forense y de Criminalística de la Corte de Justicia provincial.
En todos los casos se determinó que las muertes fueron violentas y se produjeron como consecuencia de politraumatismos. En el marco del proceso de identificación, se realizaron exámenes odontológicos y se tomaron huellas dactilares.
Respecto del piloto, se dispuso un examen toxicológico que no pudo realizarse debido a que, como consecuencia de las lesiones, no fue posible obtener las muestras necesarias. También se ordenó un estudio histopatológico, según se explicó en www.fiscales.gob.ar.
En el marco de la investigación de la JST, el 9 de septiembre la Unidad Fiscal solicitó autorización judicial para realizar la exportación temporaria del registrador de datos de vuelo y de voces de cabina recuperado de la aeronave.
El objetivo es trasladar el dispositivo a la sede de la National Transportation Safety Board (NTSB), en los Estados Unidos, para intentar recuperar la información almacenada en el equipo, que presenta daños severos provocados por el impacto.
De acuerdo con lo informado por la JST, la NTSB otorgó un turno para iniciar los trabajos el 12 de octubre y estableció como fecha tentativa de conclusión el 20 de ese mes. La información que pueda obtenerse del registrador será incorporada a la investigación y analizada junto con el resto de los elementos reunidos.